Los «maquis» luchan por bajar de una vez del monte.

Sonia Crespo
El Mundo 5/10/99

Ex guerrilleros supervivientes se reúnen en Valencia para pedir su rehabilitación

VALENCIA.- Con tan sólo 15 años, el joven Mariano Béjar ya tuvo que sufrir en sus carnes la vejación de pasar por un campo de concentración, y cuando tan sólo tenía 18 fue condenado a muerte por el régimen franquista. Mariano, conocido como el Mediocazo por su compañeros guerrilleros, es uno de los maquis que se ha propuesto obligar al Gobierno a «lavar la cara de los injustamente mal llamados bandidos y bandoleros».

Con ese objetivo como meta, alrededor de 25 ex guerilleros se reunieron ayer en Valencia, en el colegio mayor Rector Peset, para celebrar el Primer Encuentro de ex Guerrilleros y redactar la proposición que entregarán a los diferentes gobiernos autonómicos para que la remitan al Congreso.

        «Hemos pasado tanta penuria en nuestra juventud, que no es justo que nos encontremos en esta situación. Para buena parte de la sociedad, los maquis fueron una especie de terroristas sin principios, y esto nos duele mucho. Tampoco se nos ha otorgado ninguna gratificación económica, mientras que sí se les concedió a los ex militares que participaron tanto en el bando republicano, como en el nacional», añadió, el también maqui, Eugenio Vila Caselles, de 88 años de edad y natural de Barcelona.

        En la propuesta que remitirán a los parlamentos regionales, los ex guerrilleros incluirán aspectos como la revisión de los expedientes que, entre otros calificativos, «certificaba a las gentes de la guerrilla como bandoleros y delincuentes», y la petición de que se compute como servicio al Ejército republicano los años que pasaron en el monte para que se reflejen en sus pensiones.

        Su anhelo está respaldado por Izquierda Unida, que presentó hace apenas diez días una proposición no de ley en el Parlamento para la rehabilitación histórica de estos hombres y mujeres. Según los cálculos de la coalición, el reconocimiento del ejercicio militar para su plasmación en las pensiones afectaría a 550 personas, 150 supervivientes y 400 familiares directos.

        Al Mediocazo, con sus 74 años, todavía se le ponen los pelos de punta cuando recuerda el día en que le anunciaron que había sido condenado a muerte. El delito del que se le acusaba no era otro que rebelión y pertenencia a banda armada.

        «No sé si fue la casualidad o la providencia la que me libró de morir. Mi pena fue conmutada a 14 años de prisión, y de éstos tan sólo tuve que cumplir seis, repartidos entre la cárcel de San Sebastián y la de Alcalá de Henares», relató emocionado este anciano de Utrera, que en plena adolescencia tuvo que exiliarse a Francia.

        Con pocas diferencias, la juventud de los actuales miembros de la agrupación de ex guerrilleros discurrió por derroteros semejantes, hambre, soledad, trabajos forzados, prisión, el exilio...

        En la sombra, las actuales esposas y por entonces, jóvenes prometidas de los maquis, tuvieron que sufrir el miedo, la desesperación y la ausencia total de información sobre sus seres queridos. Ahora, cerca de 50 años más tarde, relatan con orgullo las andanzas de sus esposos. «Mi marido fue un gran luchador y defensor de las libertades. Arriesgó su vida por los demás, y ésa es la mayor satisfacción que puede sentir una mujer por su marido», explicaba Esperanza, esposa de Manuel Gil.

        Todos estos recuerdos teñidos de nostalgia se acompañan ahora de reivindicaciones políticas. La proposición que redactaron ayer solicita «el reconocimiento institucional de manera urgente de la memoria de los luchadores antifascistas que tras el triunfo del golpe militar fascista de 1936, mantuvieron la resistencia armada contra la dictadura». Solicitan además que se reconozca, a efectos de regularización económica, el periodo militar de su «lucha contra el fascismo».

        Francisco Martínez, ex guerrillero de León de 74 años, manifestó su deseo de restituir en la historia y en todos los documentos que no eran bandoleros, con el objetivo de que «la sociedad española sepa que la historia ha sido extrapolada». Para Martínez, estas reivindicaciones «sólo buscan que se aplique el Estado de Derecho» y que se solucione lo que, a su juicio, es «un problema moral» de los que lucharon en los montes españoles contra el régimen del general Franco.