Una nueva penalidad se iba a añadir a la que sufrían los vencidos: la ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939. Esta ley que tenía efectos retroactivos hasta 1934, imponía sanciones económicas (perdida total de bienes, pago de cantidad fija o perdida de bienes determinados) y de restricción de libertad de residencia (extrañamiento, relegación a las posesiones africanas, confinamiento y destierro). Para los funcionarios públicos preveía además la inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial.
Las familias de los huidos tuvieron que soportar todo tipo de acosos y padecimientos, desde las rutinarias palizas e interrogatorios, hasta la confiscación de los pocos bienes que poseían y su confinamiento o destierro.
Los Fernández Ayala, claro está, no fueron una excepción. Ni tan siquiera el hecho de ser su hermano un "camisa vieja" de Falange pudo impedirlo.
María, hermana de Juanín y su esposo Segundo Bascones, Vivian en una humilde morada del barrio de Señas. Diariamente y a cualquier hora eran sometidos a registros, golpes e interrogatorios. Tenían cinco hijos y estaban esperando el sexto.
La guardia civil sospechaba de segundo por su condición de vaquero, suponían que se mantenía en contacto con su cuñado al subir al puerto.
Con lo puesto, fueron obligados a subir a un Jeep para ser desterrados a Polientes. Era septiembre de 1956.
Casa de María y Segundo en Señas
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