Presidente de Foro por la Memoria 02/07/2003
Si bien, desde hace unos años, diversas asociaciones habían estado trabajando sobre la Recuperación de la Memoria Histórica, es Emilio Silva quien hace tres años, empecinado en encontrar los restos mortales de su abuelo, pone en evidencia, al localizar y exhumar su cadáver de la fosa común donde se encontraba, uno de los muchos problemas que la llamada transición española dejó sin resolver: los desaparecidos de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista.Durante los primeros años posteriores a la muerte del General Franco, ya se habían realizado numerosas exhumaciones y recuperaciones de desaparecidos y fusilados y, desde las instituciones, se organizaban y se impulsaban exposiciones y actos públicos para divulgar el conocimiento de la Guerra Civil. A partir de 1981, coincidiendo con la intentona golpista del '23-F', un manto de silencio se arroja sobre nuestra historia reciente y no se vuelve a hablar de ello -fuera de círculos académicos y pequeñas asociaciones empeñadas en esta tarea- durante años. Sin querer obviar a organizaciones que venían reivindicando nuestra Memoria anteriormente, la excavación que se desarrolló en Priaranza del Bierzo (León) supuso para la Memoria Histórica la entrada en una nueva dimensión. Todo el movimiento se vio fortalecido y se abrieron nuevos cauces de conocimiento y participación de la sociedad gracias al impacto mediático de este hecho.
A partir de aquellos hechos, miles de familias que nunca supieron qué ocurrió con los suyos, empezaron a buscar afanosamente, dando pie para que se fundase la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Esta asociación nació con el objetivo de crear marcos adecuados para que los familiares -y otras personas de buena fe- se organizasen. Desde ese momento, cada vez un número mayor de personas se ha involucrado en esta noble tarea y otras asociaciones, con fines similares, se han unido a ella, desde distintos enfoques y con matices diferenciadores respecto a cómo acometer el trabajo, pero todos con el mismo talante positivo con el que ARMH comenzó su andadura. Sin embargo, la localización de fosas comunes en lugares recónditos y el efecto social de las exhumaciones han dejado en segundo lugar otras cuestiones -muy importantes también- a tener en cuenta, para abordar este problema.
Para situar las cosas en su verdadero contexto, deberíamos hablar, más que de desaparecidos, de todas las víctimas causadas por el bando franquista durante y después de la guerra civil. Esto situaría el asunto circunscrito a una dimensión mayor, que nos permitiría poder establecer objetivos claros y concisos que dieran la posibilidad de crear, también, marcos más amplios de actuación capaces de involucrar a un mayor número de personas e instituciones. Y no es que estemos poniendo el problema de los desaparecidos en segundo lugar, sino que pensamos que son una parte de la historia que tenemos que rescatar, pero no su totalidad. Con esto no se quiere obviar el trabajo realizado hasta la fecha por numerosos colectivos, pero sí intentar aclarar que si no partimos de un tratamiento global del problema, difícilmente podremos dar soluciones que vayan más allá de unos pocos casos aislados. Si centramos la cuestión en las víctimas causadas por un solo bando, es porque el bando franquista -salvo casos excepcionales a los que también se debe dar respuesta- realizó esta labor con sus partidarios que habían sufrido lo que desde sus filas llamaron 'terror rojo'.
A nuestro entender, una vez definido el problema global, deberíamos situar toda la cuestión sobre los tres pilares fundamentales o aspectos en los que creemos debe descansar toda actuación de justicia histórica -nos referimos a los aspectos humanos, los culturales y los políticos- y establecer, al mismo tiempo, los distintos colectivos afectados por la represión.
Si bien, y de forma obvia, la vulneración de los derechos humanos de los represaliados políticos es un hecho de sobra conocido, queremos acentuarlo porque aún no ha sido reconocido por el conjunto de la sociedad española, ni sus instituciones, quedando los asesinos impunes no sólo ante la justicia, sino ante la Historia.
La Guerra Civil Española fue el resultado de un golpe de estado fracasado contra el régimen democrático republicano del que el Pueblo Español se dotó el 14 de abril de 1931. Este golpe fue iniciado por una trama militar y civil, que venía conspirando desde el advenimiento de la II República, y financiado por los poderes económicos occidentales, la Italia fascista de Mussolini y la Alemania Nazi.
En un primer momento, la violencia ciega y la venganza se dan cita en un apocalíptico baño de sangre que viste de luto miles de pueblos y ciudades españolas. El terror se da cita en ambos campos contendientes, pero de forma muy distinta. Mientras en la zona que queda bajo control del gobierno legal de la II República, es la violencia de las masas la que provoca el llamado 'terror rojo' y son, en numerosas ocasiones, individuos o grupos aislados los que asesinan sin compasión a los presuntos partidarios de los militares sublevados, en la zona donde dominan los militares sublevados y sus aliados, el terror se ejerce de arriba hacia abajo, con la dirección, connivencia y apoyo de las autoridades. La violencia que se genera en la zona gubernamental no es aprobada por las autoridades y, una vez reconstruidas las instituciones y las fuerzas de orden público republicanas, que habían quedado deshechas tras el alzamiento militar, el llamado 'terror rojo' desaparece y se suspende la aplicación de la pena de muerte. En el bando sublevado, las cárceles, los campos de concentración, el trabajo forzado, el exilio, la tortura, las vejaciones y la muerte son los destinos de cientos de miles de personas leales al gobierno republicano. El olvido de las víctimas y la exaltación de los verdugos son el reflejo actual de la victoria de los fascistas.
En la zona sublevada, los militares rebeldes, mediante bandos y órdenes concretas, impulsan el exterminio de toda oposición, tanto real, como posible. Los primeros meses, la represión se desarrolla de forma indiscriminada y sin juicio previo; las víctimas son -literalmente- secuestradas de sus casas y asesinadas en lugares desconocidos. En 1937, para dar un aspecto de legalidad a estos asesinatos, los militares rebeldes empiezan a usar la formula del 'Procedimiento Sumarísimo de Urgencia', condenando a muerte a miles de personas por el simple hecho de estar adscritos o pertenecer a organizaciones democráticas. Estos juicios eran una autentica comedia en la que no existía ninguna garantía legal para el procesado.
Desde el inicio de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, hasta la muerte del general Franco, miles de personas fueron asesinadas por este procedimiento. Transcurridos 28 años desde la muerte del dictador no se ha dado posibilidad a las familias de saber qué ocurrió con los suyos, ni de recuperar sus cadáveres, y tampoco se ha dado una respuesta a la sociedad española. Existe un profundo desconocimiento del alcance y magnitud de la represión y, además, se ha perpetuado la memoria de los asesinos transformándoles en héroes y benefactores.
Una primera violencia asesina se usó contra los demócratas que vivían en las zonas sublevadas. Nuestra experiencia en provincias como Burgos, Segovia, Valladolid, Ávila, Navarra, Sevilla, Cádiz, Granada, etcétera, donde triunfó inicialmente el alzamiento militar fascista, es de que se habían preparado previamente 'listas negras' para aniquilar violentamente, en los primeros momentos, a todos los dirigentes políticos y sindicales que pudieran articular la oposición al golpe de estado. Normalmente, una comisión compuesta por el párroco, la autoridad correspondiente de orden público y una persona de orden (normalmente un terrateniente o el jefe de Falange de la localidad), deciden sobre la vida y la muerte. Curiosamente, en los 'Procedimientos Sumarísimos de Urgencia' son los informes de las mismas personas los que determinan la condena o salvación del reo. Los desaparecidos son sacados de sus casas, normalmente a altas horas de la noche, por fuerzas de orden público y/o falangistas y son asesinadas y enterradas en descampados, montes, bosques e incluso en tumbas anónimas de cementerios. Conforme avanza la guerra, y después de la misma, la forma de asesinar a los opositores políticos se fue sistematizando. En 1975, poco antes de morir el General Franco, son dictadas las últimas sentencias de muerte. Pero la violencia no se ejerció exclusivamente mediante el asesinato, cientos de miles de personas pasaron por los campos de concentración, los batallones de trabajadores forzosos y las cárceles o fueron al exilio, donde los padecimientos no fueron, en muchas ocasiones, menores.
Una primera aproximación al problema nos hace separar a las víctimas en distintos colectivos con el objetivo de analizar la vulneración de los derechos fundamentales de cada unos de ellos, tanto durante la guerra, la dictadura y la actualidad. Nos encontramos ante una situación en la que se han vulnerado reiteradamente, a lo largo de 67 años, los derechos humanos de todas estas personas y las de sus familiares, tanto antes de 1948, como después.
Para establecer los distintos grupos de víctimas hemos realizado el siguiente esquema:
- Desaparecidos y asesinados.
- Presos políticos.
- Prisioneros en campos de concentración.
- Prisioneros usados como esclavos.
- Soldados desaparecidos.
- Guerrilleros antifranquistas.
- Militares y fuerzas de orden público leales al Gobierno republicano.
- Exiliados.
- Niños de la guerra.
- Españoles caídos en la Resistencia Francesa y en todos los campos de batalla de la II Guerra Mundial luchando junto a los aliados.
- Españoles muertos en campos de concentración nazis como resultado de acuerdos entre las autoridades españolas franquistas y alemanas.
- Españoles obligados a enrolarse en la Legión Extranjera muertos y desaparecidos en Indochina y Argelia.
- Familiares de todos ellos.
Una vez situado el problema en un contexto más amplio, debemos pensar en todo el conjunto de víctimas de forma colectiva. Es un problema humano, colectivo, social y político, por eso debemos dar una respuesta humana, colectiva, social y política.
El primer problema con el que nos encontramos es con la vulneración del derecho de igualdad. Por parte del Gobierno Español no se está dando el mismo tratamiento a las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura que a las personas desaparecidas en la actualidad. Pero no sólo eso, los acuerdos parlamentarios de 20 de noviembre de 2002 vulneran los tratados internacionales ya que, al poner la legitimidad de la reclamación en manos de las familias, pasan por encima del principio de igualdad al no dar solución a las víctimas que no están siendo reclamadas por nadie. Es por eso que no deben ser las familias las únicas que deben dar legitimidad a la búsqueda de los desaparecidos, sino la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, las iniciativas deben partir de las instituciones con la participación de todos los implicados: familiares, organizaciones de derechos humanos, asociaciones, universidades, partidos políticos y sindicatos.
Hasta ahora, no se están poniendo los medios necesarios para dar solución al problema. El acuerdo parlamentario de 20 de noviembre de 2002 ha quedado en una gran declaración de intenciones que no ha servido absolutamente para nada, al no obligar, de forma expresa, a las instituciones a facilitar la tarea. La negativa en las Cortes, por parte del PP, para crear las partidas presupuestarias que posibilitasen esta labor, sitúa al Gobierno negando el derecho a la dignidad a estas personas.
El hecho de que la mayor parte de las víctimas del fascismo perteneciesen, bien por sensibilidad, bien por simpatía o afiliación, a organizaciones sociales, sindicales y políticas contrarias al bando vencedor de la guerra civil, hace que el gobierno esté dando distinto tratamiento a los caídos del bando franquista (cuyos cuerpos fueron localizados y enterrados dignamente durante la dictadura) que a los caídos del bando que perdió la guerra. Con esto, el Gobierno está negando derechos fundamentales al hacer distinciones respecto a la opinión política de los desaparecidos. El derecho a la libre opinión política no fue respetado por los militares rebeldes, ni está siendo respetado por las actuales autoridades españolas. En este sentido debemos mostrar un profundo respeto por las ideas de las víctimas. Los ideales políticos de las víctimas deben prevalecer sobre los de los demás actores implicados. Este hecho es fundamental a la hora de abordar el problema. Los familiares deben entender que, independientemente de su pensamiento político actual, sus seres queridos asesinados por los fascistas eran defensores de la legalidad republicana, normalmente anticlericales y de izquierdas y, por tanto, llevarles al cementerio acompañados por un sacerdote católico, enterrarles bajo una cruz y no recordar las ideas que defendieron, es asesinarles nuevamente.
El derecho a la vida, la libertad y la seguridad fue negado a todos los desaparecidos y a sus familias que no sólo sufrieron la perdida de los suyos, sino que además sufrieron toda clase de persecuciones y vejaciones. Los militares sublevados no respetaron ni a sus opositores políticos, ni a sus familiares. La tortura, el trato cruel y degradante fue aplicado tanto a las víctimas directas como a sus familias. La justicia reparadora debe encontrarse en el guión de elementos que componen la solución del problema.
La actuación de los jueces hasta la fecha, obviando y archivando las denuncias para proteger estos enterramientos, y proceder al rescate e identificación de los restos humanos que están en ellos, vulnera, de forma flagrante, el derecho a la igualdad de protección de la Ley. Se necesita establecer normativas adaptando los tratados y leyes internacionales al problema español, mientras que no se haga así, deben prevalecer las normas y tratados firmados por el Estado Español. Los jueces que no apliquen las normativas internacionales suscritas por nuestro Estado deben ser denunciados y procesados por no actuar debidamente.
El reconocimiento colectivo a todas estas personas, los homenajes y la divulgación de su historia y procedimientos empleados en su recuperación deben ser la conclusión final a la que debemos llegar en cada actuación. La participación de especialistas en diversas disciplinas, el informe final elaborado con las aportaciones de cada uno de ellos, su publicación, la creación en cada lugar donde ocurrieron hechos similares de monumentos y pequeños museos dedicados a la lucha antifascista, deben ser el resultado final y deseable.
Foro por la Memoria ha decidido, yendo más allá, promover métodos de trabajo que nos den la posibilidad de solucionar el problema de forma colectiva y social. Las excavaciones no pueden seguir siendo un mero ejercicio de cambiar de lugar unos restos mortales, eso es matar a las víctimas dos veces y sepultarlas definitivamente en el olvido. Hay que rescatar su historia, sus pensamientos, sus ideales, ponerlos en primer lugar y divulgarlos. La transparencia en el trabajo, el respeto a los tratados internacionales, la creación de estructuras colectivas y el tratamiento global del problema para dar respuesta a todos los olvidados son el único y legítimo camino para devolver la dignidad a todos ellos y al Pueblo Español.
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