En el último texto de la exposición de motivos a esta norma que el grupo socialista ha entregado a los grupos parlamentarios del Congreso, se recoge, además de la condena del régimen franquista, una mención expresa a tres estos colectivos reclamada por IU-ICV.
Así, mientras en el proyecto del Gobierno remitido a la Cámara Baja se establecía el reconocimiento de la democracia a los represaliados, encarcelados, deportados y exiliados, de forma genérica, ahora se incluye "a quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos".
Aquí, el documento cita a quienes formaron parte del cuerpo militar de Carabineros, que en su mayoría permanecieron leales a la República y que fue extinguido en 1940, y a los "combatientes guerrilleros", más conocidos como "maquis", cuya rehabilitación solicitó el Congreso de los Diputados el 16 de mayo de 2001.
También se recuerda a la Unión Militar Democrática (UMD), formación clandestina de militares fundada a finales del franquismo que se autodisolvió con la celebración de las primeras elecciones democráticas, según recuerda la misma introducción de la ley.
Este apartado incluye también una referencia, solicitada por CiU, a los que fueron perseguidos, además de por los "motivos políticos o ideológicos" reseñados en el proyecto original, a los que lo fueron por sus "creencias religiosas", sin especificar a qué bando pertenecían.
Otra de las cuestiones más complicadas en la negociación del PSOE con los grupos ha sido la referida a las condenas de los tribunales represores franquistas, que IU-ICV pretendía declarar anuladas.
La fórmula pactada en la exposición de motivos, a la que ha tenido acceso Efe, remite a un artículo que declara "la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo".
Igualmente proclama "la ilegitimidad de las sanciones y condenas de carácter personal impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas" e incorpora una apostilla que según IU-ICV podría abrir la puerta a la revisión de aquellas condenas injustas.
Este párrafo dice textualmente: "Se subraya, así, de forma inequívoca, la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos y se contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas".
Para reforzarlo, el siguiente párrafo remite a una disposición derogatoria que incluirá la norma que -remarca la exposición de motivos- "priva de vigencia jurídica aquellas normas dictadas bajo la Dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial".
Todas estas modificaciones tendrán que recibir el visto bueno de los grupos en la ponencia que se reúne mañana miércoles y en la Comisión Constitucional para después ser aprobada en el pleno del Congreso.
La llamada "Ley de Memoria Histórica" cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y ERC, y su tramitación ha quedado desbloqueada tras la convocatoria de la ponencia.
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