Universidad Carlos III de Madrid
HISPANIA NOVA Nº 6 - Año 2006
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RESUMENLa política de exterminio y el objetivo que persiguió se sustentaban en la firme intención de los militares sublevados el 18 de julio de 1936 de acabar con los disidentes de la ideología ultra conservadora que pretendían imponer, disidentes que hacían peligrar sus privilegios y sus haciendas. En estas páginas trataremos de demostrar que Franco y los grupos que apoyaron al Régimen, diseñaron un conjunto de acciones encadenadas en el tiempo y en la temática que, analizadas en su totalidad, conforman una gran estrategia de dominación que rigió la sociedad y el Estado.
Repression, restriction, manipulation:strategies for the
arrangement of the society and the State.
Palabras clave: represión, restricción, franquismo, estrategias de dominación, sometimiento, violencia, manipulación, censura.
ABSTRACT
The policy of extermination and the objective that persecuted, it was sustained in the firm intention of the incited military the 18 of 1936 July to end the dissidents of the ultraconservative ideology which they tried to impose, dissidents who could made danger their privileges and their properties. In these pages we will try to explain that Franco and the groups which supported the Regime designed a set of actions chained in the time and the thematic that analyzed in their totality, conformed a strategy of domination that lead the society and the State.
Key words: repression, restriction, domination strategies, violence, submission, manipulation, censorship
Sumario
1.- Los estrategas: objetivos y fines de los vencedores de la guerra civil.
2.- La represión física como estrategia de eliminación.
3.- Restricción y política autárquica: las estrategias para la inhabilitación.
4.- Manipulación, miedo y aislamiento: las estrategias de sumisión.
5.- Los resultados: el mantenimiento indefinido en el poder.
Represión, restricción, manipulación: estrategias para la
ordenación de la sociedad y del Estado
El título del apartado en el que se incluye el presente capítulo, incita a los autores a reflexionar sobre si hubo o no política de exterminio y, derivado de esta reflexión, cuáles fueron las estrategias y los instrumentos de la represión franquista. Nosotros hemos optado por intervenir en la cuestión de los métodos, las grandes operaciones orquestadas tanto para eliminar a los oponentes como para contener, limitar y fiscalizar a la población española.
Las estrategias marcan programas generales de acción que llevan consigo compromisos y recursos para alcanzar una misión básica bajo una dirección unificada. Consideramos que esta fue la línea de actuación del régimen de Franco desde los tiempos de la guerra civil, agente principal de un impresionante operativo de represión y alienación que partiendo del espacio íntimo de la familia, se trasladó a la calle, al trabajo, a la formación del espíritu y terminaba con la extinción natural de la persona. Así lo demuestran los estudios sobre la represión directa –ejecuciones, fusilamientos, encarcelamientos-, la represión económica –autarquía, mercado negro, estraperlo-, los referidos al sometimiento a la ideología oficial –la imposición de la moral católica, el pensamiento nacionalista español, la sindicación obligatoria-, y los dedicados al análisis de la censura y la desinformación de los medios de comunicación, aspectos que constituyen, desde nuestro punto de vista, partes de un todo: la estrategia concertada por los grupos vencedores de la guerra civil para controlar el poder y los privilegios. La moral conservadora y los intereses de los apoyos sociales de las nuevas autoridades no podían asumir la orientación que estaba tomando la España de la II República, inclinada a ciertas tendencias aperturistas en lo material y lo espiritual, interpretadas por la España tradicional como una subversión del orden público y social difícilmente tolerable. Con el final de la guerra civil vieron la oportunidad de dar continuidad a la España de la monarquía de Alfonso XIII, especialmente en el último tramo de su reinado cuando el General Primo de Rivera se hallaba al frente del Estado. Ahora era el momento de ensamblar todas las fuerzas para montar un dispositivo estatal férreo que sostuviera sus intereses y su poder1.
A continuación, desarrollaremos el conjunto de actuaciones concordantes en cuanto a sus principios y sus fines, que condujeron a la ordenación de la sociedad y del Estado. En primer lugar, haremos una reflexión sobre los responsables, los grupos de vencedores de la guerra civil como artífices de las políticas de represión. En segundo lugar, analizaremos la actividad más sangrienta de todas las que realizaron, la eliminación física de los vencidos. El tercer apartado examinará las restricciones impuestas por la política autárquica y el consiguiente aislamiento. En el penúltimo epígrafe haremos un recorrido breve por el logro de la sumisión a través de la manipulación y la creación de un ambiente de miedo. Para concluir, veremos los resultados de esta gran acción coordinada, resumidos en el mantenimiento indefinido en el poder de Franco y sus apoyos.
1. Los estrategas: objetivos y fines de los vencedores de la guerra civil.
La estrategia está relacionada con las actividades militares, el arte de dirigir operaciones bélicas y la habilidad para acaudillar. Entendida en un sentido más amplio, utilizaremos aquí este concepto para designar la serie de acciones emprendidas para la obtención de los objetivos del gobierno de Franco y de sus apoyos, incluyendo éstos a militares, Iglesia Católica, falangistas y los colectivos del poder económico.
Un factor importante a conocer es la “intención” que tienen los dirigentes, así como sus orígenes, definidores de su función social y sus características. Unos orígenes sangrientos en los años del comienzo y de su consolidación, en los que resulta llamativa la enorme desproporción de la represión que le acompaña, puesto que, a fin de cuentas, Franco ha ganado su guerra y mantiene ocupado militarmente el país. Comparándolo con sus homólogos, por ejemplo Hitler, recordaremos que en el primer año de poder devastó partidos y sindicatos y llegó a encarcelar más de 75.000 personas, aunque en todo el territorio del Reich el número de ejecuciones legales e ilegales, no pasó de 6002. Una cifra que, en el caso español, apenas si representa el total de las habidas anualmente en muchas capitales de provincia durante el mismo periodo. Dejando aparte el genocidio realizado en los campos de concentración, el saldo final de la represión política en Alemania es bajo comparado con España. Durante el tramo cronológico de 1933-1944 los cálculos de ejecuciones por causas políticas son de unos 11.800, cantidad ampliamente superada en España sólo en los primeros años de posguerra -1939-1945- y eso sin contar algunos actos de venganza local que ocasionaron muertes violentas y que no aparecen contabilizadas en los estudios al respecto3. Por otro lado, tanto Hitler como Mussolini llegaron al poder con apoyo electoral; mientras que Franco es el único entre los dictadores de su época que llega tras su triunfo en una guerra civil de tres años4
Los estudios empíricos y de historia local revelan la intención básica de los vencedores, fijada en la eliminación de los disidentes, especialmente miembros del PCE, afiliados a partidos del Frente Popular así como a clases sociales concretas. Los propósitos hacia el resto de la población estaban focalizados básicamente en un aspecto: el sometimiento a la ideología católica y nacionalista imperante a través de instrumentos férreos de dominación que impidieran escapar de la sujeción a las nuevas autoridades5. El número de víctimas potenciales se extendió, por tanto, enormemente como consecuencia de la aplicación del concepto enemigo a un amplio espectro social, que incluía a los culpables de hechos relacionados con la guerra civil, y a los que presumiblemente podrían ser promotores de ideas y actos contrarios al poder establecido. Los propósitos de procesar a los leales al bando republicano fueron tan inquebrantables que incluso si las autoridades franquistas hubieran deseado contener el terror de posguerra, es dudoso que lo hubieran podido hacer unilateralmente puesto que sus apoyos estaban empeñados en establecer un modelo político y social en el que sólo cabía un determinado perfil social e ideológico, con poco margen de tolerancia hacia otras posturas políticas. Con tales proyectos como punto de partida para la organización de la nueva sociedad, los fines de la misma parecen obvios: la permanencia en el poder en primer lugar del propio Franco, y en segundo lugar de los grupos que respaldaron su sublevación, a saber, militares, iglesia católica, falangistas, aristocracia, grandes industriales, grandes propietarios de tierras, empresarios6. Los grandes grupos de intereses como base social de la violencia política, el papel de los medios de comunicación en el desarrollo, difusión y culminación de acciones violentas, en resumen, el papel de los grandes actores de la política nacional en el proceso de toma de decisiones que condujo a la violencia indiscriminada, son aspectos relevantes para entender la naturaleza del Régimen y su larga duración.
La estrategia requiere de una persona o grupo de personas que la diseñe. Ambas circunstancias eran posibles en la España de posguerra, aunque otra cuestión es que conscientemente los grupos vencedores de la guerra se reunieran para diseñar su programa general de ordenación de la sociedad y del Nuevo Estado como grandes estrategas que se preparan para una gran batalla. Si ocurrió así o no, es un asunto que obviaremos en el presente estudio, pero lo que sí sucedió es que entre todos montaron un procedimiento de acción legal para eliminar a los opositores y apartarlos definitivamente de cualquier jurisdicción pública o privada. El medio para conseguir estos objetivos fue la elaboración de un entramado jurídico que daría soporte legal tanto a las acciones contenidas como a los instrumentos para su ejecución. Las políticas implantadas para todos los órdenes de la vida de los ciudadanos podrían ser comparadas a la construcción de una gran infraestructura sobre la cual sustentar estructuras menores, aunque de gran importancia para la totalidad. Nos referimos concretamente a la constitución del armazón económico, social, cultural o internacional, dispuesto desde el inicio de la guerra en los territorios que se adhirieron a la sublevación y con carácter general desde 1939.
La incertidumbre de la coyuntura internacional, la desconcertante estructuración de la misma ante el rumbo que iba tomando la II Guerra Mundial y su hipotética influencia sobre el interior del país, eran circunstancias que requerían un plan general de contención en el que el predominio de la autoridad militar fuera evidente para evitar desequilibrios en el poder establecido. Las circunstancias internacionales pesaban a favor de Franco y sus métodos, mientras que los vencidos de la guerra civil española permanecieron relegados a un segundo plano, aislados y olvidados de una opinión internacional especialmente preocupada por la evolución de las campañas italo-alemanas. El ministro Jordana se había inclinado hacia el neutralismo con ocasión de la Conferencia de Munich y había intentado normalizar las relaciones con las potencias democráticas. La política de aproximación al Eje estaba representada por Serrano Súñer y fue reavivada tras el cese de las hostilidades en España con la apertura de una línea firme en política internacional que poco tenía que ver con los propósitos de Jordana. Las visitas de Serrano Súñer y Ciano a Italia y España en la primavera y verano de 1939 así lo anunciaban. De hecho el gobierno formado en agosto de 1939 aparecía dominado por Franco y su cuñado: el primero, personificando la victoria militar y la Nueva España; el segundo, como motor de la ascensión de Falange en el gobierno y en el papel de intermediario en asuntos internacionales.
La mitad del viejo continente contaba con gobiernos de dictaduras fascistas ofreciendo una imagen que el gobierno de Franco interpretó como la confirmación del éxito de su propia causa. Desde fecha muy temprana se dio cuenta de la importancia de los apoyos exteriores y de la pertenencia a esa red de naciones estructuradas en el denominado Nuevo Orden Europeo, acomodo que supuestamente le haría tener una posición aventajada en los foros internacionales7. Europa, ordenada en grandes estados, estaría preparada para hacer frente al peligro universal que para Franco, Salazar, Horthy, Boris III, Antonescu o el propio Hitler, era el comunismo. De ahí el agrupamiento de regímenes con intereses tan dispares como la Francia de Vichy, Portugal, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Croacia, etc., que sin un éxito militar consumado sobre las potencias aliadas, formaban un Nuevo Orden real en el continente europeo liderado por Berlín. Los contactos, pues, además de los ya consolidados con Alemania e Italia, se establecieron con los países mencionados, con quienes el Tercer Reich había pactado acuerdos de carácter económico o político, destinados a movilizar una economía de guerra. El contexto europeo, en pleno auge del fascismo, se enmarca en un panorama donde la eliminación de los oponentes, los genocidios, la aplicación efectiva de métodos de exterminio y la práctica de sistemas implacables de sometimiento, eran norma de estado.
Las políticas sobre la sociedad y la construcción del Nuevo Estado en las décadas siguientes a la guerra no podrían ser más completamente monolíticas. El franquismo concibió la coerción física y moral como parte estructural de su proyecto puesto que no aspiraba a la integración de los vencidos en un proyecto comunitario o integrador8. El nuevo régimen se impuso a la población mediante un sistema, una estrategia de intimidación basada en la creación de un clima de violencia y contención extendido al conjunto de la sociedad, y prolongada, bajo formas diversas, hasta los últimos días de vida de Franco9. El complejo entramado de las acciones represivas engloba, pues, métodos que van desde el fusilamiento, el aislamiento prolongado en cárceles, la intervención en la vida privada, el control moral o la imposición de actitudes y comportamientos. Es decir, el uso de la fuerza como herramienta básica en los procesos de coerción y disuasión necesarios para el asentamiento del nuevo orden socio-laboral, jurídico, cultural, informativo, económico o de género10.
2. La represión física como estrategia de eliminación.
La violencia física y psicológica fue un elemento consustancial al Régimen a lo largo de las décadas que duró, si bien experimentó modificaciones así como intensidades distintas a medida que las circunstancias iban imponiendo cambios. Estas circunstancias fueron en primer lugar, las internas, especialmente porque la furia exterminadora dio sus frutos en los primeros años de triunfo nacional, y con el paso del tiempo los encarcelados fueron acabando sus condenas. Aunque los encarcelamientos y las detenciones arbitrarias generaron un nuevo tipo de preso en las décadas avanzadas del franquismo. Era lógico, por otro lado, la transformación paulatina del tipo de coerción, teniendo en cuenta la larga duración del régimen sobreviviente a las grandes conferencias internacionales de la inmediata posguerra. En segundo lugar, las externas, la presión internacional, derivada tanto de la acusación de ser un resto de los estados nazi-fascistas, como de la propia evolución de Europa, aferrada al asentamiento de la democracia y al cumplimiento de los derechos humanos, donde no era justificable el mantenimiento de un sistema de dominación sangrienta.
El profesor Sánchez Recio proponía un análisis de la represión desde tres niveles distintos de acuerdo con los resultados: a) las muertes por ejecuciones, b) el encarcelamiento y c) las repercusiones de un régimen de terror en la creación de un ambiente de miedo, desconfianza e inseguridad11. La contribución de la historiografía nos permite añadir otros niveles a dicho análisis que encuadraríamos en el contexto general de un gobierno restrictivo, de contención y dominación: el hambre, con la política autárquica; el aislamiento social con la censura informativa o las limitaciones de contactos con el exterior; las condiciones del mundo laboral, proclives a la desmovilización social; el sometimiento a la ideología imperante a través de campañas protagonizadas por la Iglesia Católica y Falange Española. Solo la aceptación de los poderes establecidos y la ostentación de este hecho podían librar a amplios grupos sociales de no ser encausados por una ley u otra, puesto que todos los aspectos de la vida cotidiana se hallaban bajo estrecha custodia legislativa.
Es esta forma de represión, la violenta por excelencia, de carácter impune, donde la antijuricidad12 se muestra en toda su extensión. La eliminación de los disidentes políticos y la imposición de una ideología única se consolidaron mediante una legislación sin precedentes. Desde la temprana fecha de 25 de octubre de 1936 en que Franco firmó el decreto que suprimía toda actividad política y sindical, se abrió una vía legal para la incoación de expedientes a todos los sospechosos de practicar dicha actividad o de haberla practicado en el pasado en el lado opuesto a la ideología del bando del que ya era su innegable líder. La concatenación de decretos y leyes relativas a la desaparición de la disidencia fue elaborándose con gran esmero: el 19 de abril de 1937 el decreto de Unificación crea el partido único y deja fuera de toda participación política al ciudadano que no se integre en él; casi al final de la guerra civil –el 9 de febrero de 1939- se promulga la Ley de Responsabilidades Políticas; al día siguiente la Ley de Depuración de Funcionarios públicos pretendía librarse de todos los de pensamiento contrario en las instituciones del Estado.
Un año después de finalizada la guerra, el 1 de marzo de 1940 será la Ley de Represión de Masonería y Comunismo la que se sume al engranaje de anulación de fuerzas sociales13. La Causa General, decreto publicado igualmente en 1940 por el Ministerio de Justicia, realizaba una especie de catálogo con una exhaustiva información de la criminalidad habida bajo dominio marxista. El 9 de marzo de 1941 la Ley de Seguridad del Estado, dará por finalizada esta primera etapa de justicia franquista, completando un cuerpo doctrinal basado en la “excepcionalidad”, que encubría las torturas y las muertes que se venían consumando desde años atrás14. Según esta Ley, objeto de delito era ser masón, comunista - considerando como tal a inductores, dirigentes y activos colaboradores de la tarea o propaganda soviética, trotskista, anarquista o similar-, realizar atentados, paros, manifestaciones, huelgas, propaganda, asociacionismo15…, en tanto que suponía subversión, conspiración, escisión nacional, destrucción del Imperio, atentado contra la seguridad interior, el gobierno de la nación y el Jefe del Estado.
Posteriormente, y sin ánimo de ser exhaustivos, continuaron publicándose leyes en la misma línea coercitiva como la Ley de 18 de abril de 1947 que definía y reprimía el delito de bandidaje y terrorismo, texto que se refundió en la tardía fecha de 21 de septiembre de 1960. La creación del Juzgado y Tribunal de Orden Público el 2 de diciembre de 1963 en un periodo de intensa conflictividad, culminará una trayectoria reglamentaria ciertamente peculiar y contraria al estado de derecho16. El Tribunal constituía una de las jurisdicciones especiales instauradas por el franquismo cuya función era la de institucionalizar la represión. Hubo numerosas de estas jurisdicciones, supeditadas a esa estrategia de dominación que hemos mencionado. Entre las más relevantes destacaremos: en tiempos de la guerra civil, la Magistratura de Trabajo, la Junta de Tasas y la Ley de Responsabilidades Políticas ya citada. Después de la guerra nacieron el Tribunal para la suspensión de la tramitación de divorcios, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y Comunismo, el Tribunal especial de anulabilidad de contratos celebrados en zona roja, el Tribunal especial de Prensa, la Jurisdicción de Abastecimientos y Fiscalía de Tasas, el Tribunal Central de Arbitraje de Espectáculos, el Juzgado Especial Militar para instruir causas por actividades extremistas y el Juzgado y Tribunal de Orden Público, entre otros. Estas jurisdicciones dependían del poder constituido forjando una subordinación que no fue sólo orgánica sino que se atuvo estrictamente a la orientación política del Régimen. Las primeras circunscripciones, es decir, las nacidas desde 1938 a 1944, fueron promulgadas y sancionadas por Franco en el ejercicio de sus amplias atribuciones legislativas. Entre sus características podríamos destacar la condición ejemplarizante, mencionada explícitamente en las exposiciones de motivos que las regulaban y acorde con su naturaleza represiva; la celeridad procesal, supuestamente relacionada con la eficacia de la justicia, aunque la rapidez en la tramitación de expedientes estaba vinculada a la aplicación inmediata del castigo; y finalmente, la arbitrariedad en el nombramiento de los integrantes de los tribunales.
Más allá de los castigos y los tiempos pasados en prisión, lo más grave fue la desaparición física de miles de personas en su mayoría jóvenes. La cifra total de ejecuciones queda aún por fijar, aunque existen numerosos estudios de provincias españolas que ofrecen un número bastante aproximado17. El profesor Reig Tapia ha situado la franja numérica de fusilados entre 130.000 a 150.00018, y Santos Juliá no se aleja demasiado de esas cifras en el cálculo que ofrece –entre 140.000 y 150.000-, deducido una vez hecha la cuantificación de algunas provincias19. En cualquier caso y sea cual sea el número definitivo de ejecuciones, lo que importa subrayar es que el objetivo de esta purga no fue sólo aplicar justicia o vengar las muertes ocurridas en territorio republicano durante la guerra civil, sino llevar a cabo una especie de desinfección, de esterilización social y política a escala nacional. La represión cumplió este objetivo además del fortalecimiento de la dictadura y el refuerzo de la unidad de los grupos que habían participado en la matanza.
El año con más muertes fue 1939, seguido por un trienio altamente violento que duró hasta 1942, en cuyo otoño comenzó un cierto descenso. La causa primordial que motivó esta desaceleración de la purga radica sobre todo en que la mayor parte de la oposición se hallaba ya castigada en cárceles, muerta o exiliada20. A tres años del final de la guerra civil, quedaban pocos cabecillas de partidos políticos a quienes eliminar y escasos “responsables políticos” a quienes incoar expediente. Junto a esta causa, tal vez influyó la idea de suavizar la imagen del Régimen ante un momento de giro positivo hacia el triunfo de los aliados de la II Guerra Mundial, si bien, como todos sabemos, esta nueva particularidad del entorno internacional no impidió que las ejecuciones continuaran.
Madrid y Barcelona alcanzaron los índices más altos de la represión física como consecuencia de haber constituido algunos de los más fuertes baluartes de la resistencia republicana y en el caso concreto de Madrid, en su condición de centro del aparato políticomilitar de la República. En Europa nadie se daba por enterado, en un contexto en el que la amenaza nazi no cejaba en su empeño de extensión territorial y eliminación de judíos. Los tribunales de guerra, los interrogatorios en comisarías y las ejecuciones se sucedían a un incesante ritmo y con gran crueldad. Esta eliminación física de la disidencia fue de una gran dureza porque supuso la desaparición de hombres en su mayoría entre 20 y 45 años, trabajadores del campo y de la industria.
Las mujeres tampoco escaparon de esta irrupción de la muerte violenta, aunque las cifras de ejecutadas fueron menores a las de sus compañeros, aproximadamente un 3% sobre el total21. Son franca minoría las mujeres juzgadas en los Consejos de Guerra, entre 1940). otras razones debido a su escasa participación en la vida pública y a que para ellas estaban reservados otros castigos. Las condenadas a muerte afrontaron el pelotón con dignidad, como las conocidas “13 rosas”, jóvenes entre 17 y 21 años detenidas, juzgadas y fusiladas a principios de agosto de 1939 por haber intentado, según el fiscal, reconstruir las Juventudes Socialistas Unificadas, organización a la que algunas habían pertenecido durante la guerra. Este hecho suponía un atentado contra el Movimiento Nacional y junto a ellas fueron ejecutadas cincuenta y seis personas que estuvieron mes y medio esperando en la cárcel su trágico destino22. En 1943 se ejecutó en la cárcel de Ventas la última pena capital contra mujeres, precedida ésta por un caudal de unas 1.000 fusiladas entre 1939 y 1940. La tristemente famosa Ventas, construida por Victoria Kent, constituía un ejemplo de masificación: hacinadas en pasillos y celdas en una prisión destinada en un principio a albergar a unas 650 reclusas, contaba en abril de 1939 con más de 3.000 que se incrementaron hasta 5.000 en septiembre23. No sólo en Ventas hubo represaliadas, sino en otras prisiones diseminadas por todo el territorio español: Zaragoza, Gerona, Alcalá, Saturrarán, Aranjuez, Barcelona, Palma, Málaga, Valencia, Amorebieta, Oviedo, Tarragona, Jaén… La mayoría de las reclusas ingresaron en 1939 y las bajas comenzaron en septiembre de 1940 momento en que abandonan la prisión como consecuencia de la concesión de libertad condicional24. Las circunstancias higiénicas y alimenticias, la falta de espacio, la incertidumbre del destino de sus familiares, conformaron una realidad particularmente dura para estas mujeres en su mayoría casadas, jóvenes, dedicadas a “sus labores”, sin adscripción política determinada, aunque fuertes defensoras de la libertad adquirida durante la II República. Sobre ellas, sobre todo, se cebó la otra represión, la subsidiaria de gran calado y duración que incluyó desde el ingreso en prisión hasta el procesamiento por estraperlo o las insistentes campañas de moralidad dirigidas por la Iglesia Católica y Sección Femenina.
Aquellos que lograron salvarse de la muerte, fueron a parar al impresionante dispositivo carcelario establecido por todo el territorio nacional construido como fortaleza siniestra de la violencia institucional. Los lugares de privación de libertad constituyeron centros de selección y antecámara de Consejos de guerra, salas de espera del cumplimiento de la última pena convertidas en el eje de la vida familiar, foco de relaciones humanas y sociales de gran complejidad, testigos especiales de la libertad expropiada. Se trataba de demostrar quién era el vencedor al tiempo que se utilizaba la estancia en la cárcel para aprovechar la fuerza de trabajo de miles de ciudadanos en edad laboral activa, porque el franquismo en modo alguno desaprovechó esta potencial mano de obra.
La Ley de Redención de Penas por el Trabajo de 7 de octubre de 1938, fue concebida como rescate del detenido tanto en sentido moral como material por la posibilidad de acortar los años de estancia en prisión. El trabajo como rescate de la pena tenía otro motivo, el de financiar a las familias de los prisioneros que se veían privadas durante largas temporadas de los ingresos del cabeza de familia. Con este fin fue creado el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, dependiente de la Jefatura del Servicio Nacional de Prisiones del Ministerio de Justicia, en cuya junta directiva figuraban un miembro de Falange, un cura y un vocal. Los patronatos debían devolver una cantidad de la suma recogida del trabajo de los detenidos a los familiares y distribuir entre los reclusos parte del vestuario confeccionado en las cárceles como una forma más de financiación. El Patronato proponía a las empresas el derecho a pedir destacamentos penales que serían utilizados como mano de obra barata. Se propuso emplear la fuerza de trabajo de los represaliados de manera gratuita para la reconstrucción del Estado a cambio de la reducción de su condena –un día por cada dos de trabajo-, una ayuda económica para la inmensa población reclusa y desde junio de 1939 la posibilidad de obtener la libertad condicional25. Existía un Registro Índice de población reclusa clasificada por oficios que sirvió a la Dirección General de Prisiones para la distribución de tareas entre los internos. La Redención de Penas por el Trabajo comenzó a aplicarse el primero de enero de 1939 y a fines de ese año, el número de presos acogidos a esta medida eran una minoría. Los motivos radican en la oposición que mostraron ante una explotación más y sobre todo ante la humillación que para ellos suponía acogerse a una medida que beneficiaba a la imagen de paternalismo y bondad que el Régimen se empeñaba en difundir26 .
La experiencia en la prisión de Alcalá con la organización de un Taller de Artes Gráficas y Carpintería Mecánicas, precipitó la creación de Talleres Penitenciarios en el interior de los recintos, con el objetivo doble de servir como capacitación profesional y sufragar los gastos que originaban los presos27. La explotación del trabajo se glorificaba en una penitencia muy peculiar basada en un concepto ciertamente curioso: el preso ha pecado y debe expiar por ello mediante su esfuerzo. Los trabajadores-presos se especializaron en marquetería, ebanistería, horno de pan y tejedores, productos que se vendían a empresas locales, ejerciendo en realidad una competencia desleal porque los precios eran inferiores a los del mercado como consecuencia de los bajos costes salariales y de infraestructuras, provocando un desequilibrio añadido a la ya maltrecha economía española de posguerra.
Otra forma de aprovechamiento de mano de obra creado por Ley de 8 de septiembre de 1939 era el de las Colonias Penitenciarias militarizadas, con el objetivo preciso de no desaprovechar “medios (...), energías ni inhibiciones de aptitudes personales ó colectivas”28. A este trabajo forzado, junto a los destacamentos penales y los batallones penitenciarios, se le adjudicó la tarea de ejecución de obras públicas y creación de infraestructura bélica. El servicio de Colonias Penitenciarias tenía facultad para contratar y realizar expropiaciones declaradas de utilidad para el Estado. Si en teoría se preveía que tanto los Talleres Penitenciarios como las Colonias no supusieran factores de desequilibrio para el desempleo de los obreros libres, la realidad es que las empresas preferían esta mano de obra a la que abonaban la mitad del jornal que a los libres, al mismo tiempo que pasaban a formar parte de las empresas preferentes para el Estado. El trabajo, duro y mal pagado, exigía una gran fortaleza física que muchos presos no tenían a causa de la escasa alimentación y las ínfimas condiciones de vida a la que eran sometidos. El número indeterminado de estos centros de explotación humana, conformaban en la realidad equipos de obreros desmovilizados y escasamente retribuidos29. Así, el retórico discurso promovido desde Prensa y Propaganda referido a la sobriedad, los valores del sacrificio, la expiación y la vida difícil, desvela en su contenido la profunda crisis económica que padecía el Estado y sus propósitos de llevar a cabo una política de baja remuneración a costa del sometimiento y explotación de los trabajadores.
En este completo sistema represivo no faltaron los campos de concentración, existentes desde tiempos de la guerra civil en ambos bandos para albergar a los prisioneros en el transcurso de las batallas. Cuando la guerra terminó, la inmensa marea humana a la que había que clasificar y distribuir a las prisiones fue encerrada, en teoría, provisionalmente en los campos establecidos por toda la geografía española30. Los campos eran masivos, utilizados no sólo durante el periodo de guerra abierta, 1936-1939, sino que trascendieron a la II Guerra Mundial con motivo del gran número de internos que todavía quedaban por clasificar ante la gran expansión del concepto enemigo y la saturación de las cárceles. A cielo abierto, los recluidos esperaban en los campos durante meses a ser conducidos a prisión o a ser redimidos, condición ésta sólo alcanzable si los avales de párrocos, falangistas o de personas de reconocida adscripción al Movimiento Nacional llegaban a tiempo para la liberación.
La masacre de republicanos efectuada por el Régimen en los años inmediatamente posteriores al final de la guerra civil se transforma en la década siguiente en una represión menos cruenta pero igualmente sistemática e incisiva. Las ejecuciones se hicieron menos frecuentes, se suavizaron las condenas y vinieron los indultos y las conmutaciones de penas largas por otras inferiores. La congestión de prisiones hizo necesario otorgar a los procesados los beneficios de la libertad condicional o del indulto, aunque las detenciones en masa no finalizaron y volvieron a aumentar a fines de los años cuarenta. Los motivos a partir de estos momentos, estaban relacionados con la guerrilla y las nuevas actividades de la oposición en los años cincuenta.
Las cárceles llenas de antifranquistas obligaban a las mujeres a realizar una actividad de larga duración de tipo solidario-asistencial, convirtiendo así a la “mujer de preso” en un símbolo, testimonio de la represión. Sobre ella recaían las preocupaciones cotidianas para el sustento material, psicológico y afectivo de los hijos. Su trabajo nunca concluía: una vez acabadas las largas esperas en las colas para el racionamiento de los alimentos, había que adaptarse a los trabajos más humildes para sobrevivir y llenar el vacío de la ausencia paterna, además de permanecer atenta a los frecuentes traslados de prisión y a la posible incomunicación de sus maridos.
Desde 1947 se desencadenó una lucha a muerte para terminar con la resistencia armada antifascista. En una reunión extraordinaria de altos jefes de la Guardia Civil en enero de ese año, se decidió la aplicación sistemática de la “ley de fugas” en las acciones contra la guerrilla, y el 18 de abril se promulgó la Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo. Desde la invasión del Valle de Arán en octubre de 1944 las guerrillas suponían un factor molesto para las Fuerzas de Seguridad del Estado, definitivamente legitimadas para ejecutar órdenes con esta ley del disparo sistemático31. Las guerrillas originaban, además, perturbaciones en donde estaban asentadas porque requerían de enlaces, redes de enlaces y puntos de apoyo para proveerse de alimentos o de información sobre los movimientos de la Guardia Civil. Esta necesaria infraestructura generaba detenciones y encarcelamientos, precedidos éstos de torturas y de métodos para conseguir delaciones de gran violencia física y moral.
Desde principios de los años cincuenta se inicia un nuevo periodo de lucha con grandes movilizaciones de la clase obrera en País Vasco, Asturias, Cataluña, Madrid, dirigidas a reivindicar mejoras en el nivel de vida de la clase obrera, especialmente aumentos salariales, control de precios para frenar la imparable carestía de la vida, ayuda a los presos políticos, etc. El Régimen reaccionó con suma dureza ante las protestas de mujeres y hombres procedentes del mundo obrero y de la Universidad. Después de tantos años de utilización de métodos represivos y de la aplicación de martirios físicos, contaban con una experiencia importante en el ejercicio de la violencia, consumada ahora en comisarías y celdas de castigo. El carácter sangriento del Régimen no se disipó hasta 1975, año de la muerte del dictador, en el que se ejecutaron las últimas penas de muerte de los vencedores de la guerra civil.
3. Restricción y política autárquica: las estrategias para la inhabilitación.
La represión abarcaba algo más que el exterminio, la violencia física o la privación de libertad. Fue aplicada también a través del trabajo, las miserias materiales y el ámbito de las relaciones culturales y de los géneros, como lo viene demostrando la historiografía sobre el franquismo. Las autoridades franquistas sabían muy bien que había que contener a la población tanto en el orden físico como el moral y que la economía y el mundo laboral eran claves para conseguir la inhabilitación de los disidentes.
Las políticas del franquismo relacionadas con los distintos sectores de la economía y el mundo laboral, caracterizadas en los primeros años por la voluntad de implantar un modelo autárquico, produjeron un efecto de profunda crisis tanto en la agricultura como en la industria o el sector energético. El racionamiento y la escasez de productos de primera necesidad conllevaron el surgimiento de una sociedad no solo hambrienta y enferma por las carencias vitamínicas, sino la creación de un ambiente de prohibiciones y limitaciones que consideramos una parte de la estrategia global del estado represivo para el control de la sociedad32. El racionamiento fue establecido por Orden del Ministerio de Industria y Comercio en mayo de 1939 como una medida transitoria que garantizaba el suministro de alimentos a la población. La realidad fue que se mantuvo durante algo más de una década y que funcionó como un medio de control doméstico.
Con la política autárquica los grandes apoyos de la dictadura encontraron una nueva vía de aumentar sus ya grandes fortunas. Terratenientes y grandes empresarios gozaban de prioridades para la compra de productos y licencias de importación, conseguidos éstos a través de contactos personales en el Ministerio de Comercio o directamente con Franco. Los tiempos de concesión de feudos a los leales quedaban lejos, pero tenían plena vigencia las adjudicaciones directas de permisos de distinto carácter a amigos y combatientes de su bando como pago por favores realizados durante la guerra33. Los empresarios disponían de almacenes donde solían acumular materias primas o mercancías para especular con ellas y ganar así porcentajes importantes de beneficios. De este modo se fue conformando un grupo social que logró ganancias importantes durante el racionamiento, convertidos en la década de los cincuenta-sesenta en promotores del desarrollo económico. Durante veinte años (1939-1959) los españoles habían convivido en un estado de negaciones, hasta que el Plan de Estabilización inició el proceso de una lenta apertura económica que llevó al famoso milagro español de los sesenta, época en la que pudo observarse quienes habían salido beneficiados de la política autárquica.
La autarquía fue asociada explícitamente por el régimen con un sentido espiritual de auto negación y auto castigo, una especie de cuarentena social unida a otros campos de la actividad política y económica. La autosuficiencia material de la nación se materializaría en la cartilla de racionamiento, restricción a escala individual que aseguraba el repliegue de los individuos a asuntos relacionados con la esfera de lo personal34. El hambre hizo que se rompieran las solidaridades sociales y se disipó la energía física necesaria para la formación de una resistencia. En la teoría y en la práctica, la autosuficiencia fue una estrategia de anulación, de inhabilitación, de purificación de una sociedad, ejercida ésta a través de la escasez.
Ante los obstáculos puestos a la expansión económica, la sociedad se buscó vías alternativas de escape para no caer en la pobreza, en este caso la práctica del estraperlo y del mercado negro, recursos necesarios para sobrevivir, que solían venir acompañados del aislamiento del entorno socio-político y la desmovilización, porque desde un punto de vista pragmático era la única actitud posible en la España cercada por las políticas restrictivas35. Era una forma de represión que conducía a la práctica de una economía sumergida, la venta de productos en el ilegal mercado negro, núcleo de los escasos movimientos comerciales de la España de posguerra. Las multas establecidas a los infractores de las leyes de tasas y del acaparamiento, suponían el pago desmesurado por un método necesario de supervivencia que castigaba económicamente a los más pobres mientras que dejaba impunes a los grandes estraperlistas, los grandes proveedores de los artículos de este mercado subterráneo, generalmente grandes empresarios e industriales pro-régimen que contaban con la condescendencia necesaria para hacer negocios36. En esta rueda de actores del mercado ilegal, tuvieron un papel especial las mujeres, protagonistas del comercio a pequeña escala en el que muchas trabajaban porque el marido se hallaba encarcelado. Estas mujeres actuaban como cabezas de familia, las únicas responsables de los ingresos en sus hogares, forzadas a veces a la prostitución como medio de sobrevivir37. En cierta medida esta fue la causa del surgimiento de los establecimientos nacidos en la España profunda de posguerra, los dedicados a las llamadas “mujeres caídas”, donde se encerraban a las prostitutas para evitar la inmoralidad callejera. El comercio sexual aparecía vinculado por la moral gobernante a la ideología de izquierda y no a la situación de escasez y viudedad de muchas mujeres38.
Los indicadores económicos a la altura de los años cincuenta seguían registrando cifras similares a los de antes de la guerra y la sociedad no disfrutó de cierto bienestar económico hasta los años sesenta, cuando comenzaron a notarse los efectos positivos del cambio de rumbo económico del Plan de Estabilización. Aunque para entonces, ya era un poco tarde y la España de pandereta no podía competir con el avance tecnológico y empresarial experimentado por la Europa de la época.
Las políticas autárquicas no funcionaron únicamente a través del racionamiento alimenticio. La cuarentena socio-económica creada por la aplicación de éstas, afectó al mercado exterior como consecuencia de las restricciones impuestas al comercio internacional y el efecto devastador sobre las exportaciones/importaciones. La medida, fundamentalmente dirigida a impulsar el consumo de los productos nacionales y a protegerlos del exterior, condujo a la marginación de la economía española del mercado internacional, con las implicaciones que este hecho conlleva, es decir retraso en el conocimiento de nuevas tendencias en el sector industrial y agrícola, falta de impulso a las empresas españolas para fabricar productos más competitivos, el alejamiento de contactos con proveedores y empresarios extranjeros. Las diferencias se acusaron aún más, si cabe, a partir de 1948, con una Europa bastante restablecida de los destrozos de la II Guerra Mundial, financiada en parte por los fondos procedentes del Plan Marshall norteamericano distribuidos a través de organizaciones europeas recién constituidas. España, excluida de dicho Plan, trataba de sobrevivir en medio de una Europa floreciente que iba alejándose cada vez más, forjando una imagen de desarrollo que contrastaba sórdidamente con la que iba adquiriendo la hispánica39. Los españoles tenían la oportunidad de comprobarlo a través del cine, medio en el que mejor podían compararse con la nueva sociedad occidental, que contaba en sus propias casas con lavadoras frente a los lavaderos comunes de los ríos, televisores frente a receptores de radio de onda corta, electrodomésticos, coches…, en fin, el progreso frente al retraso, la sociedad del bienestar en contraposición a la sociedad del paternalismo franquista.
Las restricciones impuestas en el mundo laboral constituyeron un aspecto central en la estrategia de inhabilitación. Las depuraciones, los cupos para excombatientes, la sindicación obligatoria o la exigencia de presentar avales de adhesión al Movimiento Nacional, representaban un conjunto de trabas para el desarrollo profesional de la población en edad activa. Estos criterios taxativos creaban limitaciones para una parte importante de los ciudadanos que comprobaba cómo el acceso a un trabajo parecía estar circunscrito sólo a los leales al bando sublevado, y generaban, además, una gran desmovilización social ante el temor a perderlo.
El Fuero del Trabajo publicado el 9 de marzo de 1938 inauguraba la senda a seguir para la legislación relativa al mundo laboral. El Estado intervencionista y paternalista se disponía a regular todos los aspectos del ámbito de los trabajadores bajo argumentos de tutela y protección, que encubrían los propósitos de evitar posibles revoluciones y conflictos sociales. Según el Fuero, el Estado regularía el trabajo a domicilio y liberaría a la mujer casada de la oficina y de la fábrica. La premura con que el régimen se aprestó a “codificar” la participación femenina en el trabajo, el reclamo a la familia y al hogar invocados en defensa de la situación de dependencia, respondían tanto a dictámenes culturales e ideológicos como a factores “estructurales”. La familia quedaba configurada como importante puntal del Nuevo Estado y en su interior la madre se convertía en el principal vehículo de moral conformista, de actitud de obediencia y respeto a la jerarquía y a la autoridad.
Las depuraciones y la marginación laboral eran practicadas con gran naturalidad. La Ley de 25 de agosto de 1939 declaraba restringidas todas las oposiciones y concursos, reservando el 80% de las plazas para el bando “nacional”: mutilados, oficiales de provisionales, excombatientes, excautivos, huérfanos de los rojos, etc. Habría que añadir las purgas de los distintos colectivos de trabajadores – maestros, diplomáticos, militares, profesores de universidad, arquitectos… -, cuyo objetivo era el de inhabilitar para el ejercicio de la profesión a todas aquellas personas no afectas al Régimen, con la consecuencia inevitable del paro y las dificultades económicas vinculadas a éste. Las depuraciones laborales tenían un doble efecto: crear suficientes puestos de trabajo para los leales y controlar política e ideológicamente a los funcionarios. Todavía habría que añadir la múltiple legislación coercitiva emitida por autoridades locales y/o provinciales en forma de comunicados, disposiciones o reglamentos, de profundo calado en el mundo laboral.
En enero de 1940 la Ley de Unidad Sindical confirmaba el sindicalismo vertical y la desmovilización definitiva de la clase obrera. Por un lado, partidos de izquierda y sindicatos se hallaban desarticulados como consecuencia del exilio o de la situación de clandestinidad en que debían mantenerse en el interior. Junto a ésta, el descabezamiento sufrido por la pérdida física de sus líderes o el encarcelamiento, hechos que provocaban una actitud permanente de terror y desconfianza. La promoción de la afiliación obligatoria a los sindicatos de Falange Española, de carácter vertical, montados en todas las ramas de la economía, suponían el colofón para la desactivación y anulación de movimientos sociales40.
El dispositivo que ilegalizaba a partidos políticos y sindicatos venía siendo gestado desde los inicios de la contienda al prohibir su existencia y actividades excepto al partido único, Falange Española. No sólo se suprimieron; el 9 de febrero de 1939 se promulga la Ley de Responsabilidades Políticas con carácter retroactivo, cuyo articulado apartaba de la legalidad a los miembros de formaciones del Frente Popular, imponiéndoles sanciones pecuniarias, la inhabilitación para desempeño de cargos y el destierro41. La disposición tenía su precedente en las Comisiones Centrales y Provinciales de Incautaciones de Bienes y fue ampliando capítulos y explicitando otros: una Cuenta Especial en la que se ingresaban los fondos de las sanciones, la designación de jueces y tribunales, el bloqueo de las cuentas etc. Es decir, el Estado se adjudicaba bienes y propiedades de los miembros de partidos políticos y sindicatos, asegurándose la totalidad del patrimonio de la víctima mediante informes de Registradores de Propiedades, Bancos, y Sociedades42. En febrero de 1942 fueron introducidas modificaciones referidas tanto a los individuos sancionados como al trasvase de la jurisdicción a las Audiencias Provinciales y Juzgados Civiles, las cuales venían a atenuar lo dispuesto en febrero de 1939, aunque con excesivo retraso, puesto que desde la fecha de su publicación habían sido mucho los expedientados43. Relaciones nominales de “responsables” se exhibían en el Boletín Oficial de cada provincia, donde se detallaba el estado civil, la profesión y la fecha de la denuncia, lo cual suponía la pérdida inmediata de empleo y sueldo. El sólo hecho de ser acusado de responsabilidades políticas no implicaba más que penas económicas. Ocurría, sin embargo, que cuando se abría un proceso generalmente la víctima aparecía encausada de los múltiples delitos existentes configurados en otras leyes: Rebelión Militar, Masonería, miembros de organizaciones clandestinas... La proliferación de los instrumentos de control en la clase trabajadora respondía a una estrategia de descalificación del movimiento obrero. A partir de la década de los cincuenta el inicio de las protestas en la calle y la reaparición de núcleos clandestinos de la oposición fueron haciendo posible un nuevo ambiente de actividad política y sindical que alcanzó pleno dinamismo en la España de los sesenta.
4. Manipulación, miedo y aislamiento: las estrategias de sumisión.
La naturaleza del régimen franquista creó una red de temores y complicidades que contribuirá notablemente al afianzamiento del régimen. Los temores se fundamentaron en hechos objetivos como los encarcelamientos sin previo juicio, los procesos jurídicos fraudulentos, la incertidumbre por el destino, los fusilamientos44. Además de ésta realidad, el régimen apostó por un sistema de vigilancia y control ejercido por las fuerzas de seguridad del estado que, sumados a los de Falange Española, supondrá el afianzamiento de un ambiente de intimidación y miedos.
La constancia de estar sometido a control no era una simple percepción de los ciudadanos. Desde la presentación obligatoria de los cupones de la cartilla de racionamiento si querían adquirir alimentos, hasta la cartilla del fumador, la cartilla profesional del trabajo, los salvoconductos, los controles en carreteras, la implantación de sistemas de vigilancia en los barrios por los mismos vecinos enrolados ahora en las filas de Falange, el control ejercido por los párrocos sobre la asistencia a misa…,conformaban un férreo de apremio sobre la sojuzgada sociedad de los años 4045. La presencia constante de la desconfianza hacia el vecino provocaba una atmósfera envenenada, silenciada por el miedo que existía no solamente durante la aplicación de la violencia directa, sino en momentos en que ésta no se empleaba pero se percibía como una amenaza constante en el ambiente. El papel de los medios de comunicación en la difusión del miedo fue clave en la España de posguerra. La prensa escrita y la radio actuaron como vehículos de transmisión de la incomunicación y la desinformación. Las dictaduras se alimentan, en parte, de la incomunicación de los colectivos sobre los que se impone, bajo el sólido argumento de que si hay apartamiento social, es más fácil ejercer el poder impunemente e implantar un sistema represivo eficaz. El ostracismo internacional al que fue sometido el Régimen tras las conferencias de paz de 1945 no era una situación novedosa para la sociedad española; desde 1939 las autoridades habían sometido a la población a un confinamiento físico y moral que facilitaba la imposición de la ideología dominante. En este entramado de confinamiento hemos de incluir un conjunto de actuaciones cuya suma dan como resultado una sociedad cercada, apartada de la evolución que experimentaba su entorno. Una de estas actuaciones es la ejercida a través de los medios de comunicación, especialmente la radio y la prensa escrita. La prensa contribuyó a difundir el pensamiento nacionalista a través de noticias en las que se pretendía informar sobre las bondades de la vida en España en contraposición a las incomodidades de la vida en el extranjero. No sólo actuaron como voceros de la crueldad practicada sobre los ciudadanos de los países comunistas, sino también de la depravación moral en la que habían caído los habitantes de los países democráticos de Europa occidental, entre otras, la maternidad del hijo único o la práctica del divorcio, contrarios ambos al engrandecimiento nacional y a la moral católica típica del estado español46. La censura constituyó la principal herramienta de boicot al mundo de la comunicación. Tuvo como objeto los mensajes que circulaban entre los emisores y los receptores de la información, es decir, representaciones, discursos, la comunicación misma resultaba restringida por este sistema47. La importancia del aparato de prensa y propaganda fue detectada desde muy tempranas fechas por los sublevados del 18 de julio. La Junta Técnica del Estado con sede en Burgos nombró al principio de la guerra civil una Comisión de Cultura e Instrucción presidida por José Mª Pemán, mientras que en Salamanca, donde se hallaba el Cuartel General de Franco, se creaba en noviembre de 1936 una Oficina de Prensa y Propaganda bajo la dirección del General Millán Astray, quien contaba con la colaboración de los ideólogos del Régimen, Ernesto Giménez Caballero, Víctor de la Serna y Juan Aparicio. Ambos estamentos se dedicaron a elaborar un programa de combate ideológico con una normativa muy estricta respecto al campo de la comunicación social.
Desde muy pronto quedaron prohibidos las ventas y circulación de folletos, periódicos y todo tipo de impresos contrarios a la moral y a la ideología de los sublevados. El Decreto de 29 de mayo de 1937 culminó estos primeros pasos con el establecimiento de la censura obligatoria de prensa e imprenta. Finalmente la Ley de 22 de abril de 1938 o Ley de Prensa, que cubría el vacío legislativo que dejó la derogación de la legislación republicana, justificaba la función protectora del Estado en materia de información. La nueva Ley consideraba a la prensa como una institución nacional al servicio del Estado y venía acompañada del apoyo del Servicio Nacional de Prensa cuyas funciones eran la vigilancia de la actividad informativa, la autorización previa para constituir empresas periodísticas, la censura previa. Los actores de la prensa del Régimen, los periodistas, se hallaban igualmente bajo control de su presente y su pasado mediante la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas, fichero vigilante de los profesionales en activo, cuyos criterios restrictivos impedían a muchos de ellos inscribirse y consecuentemente contar con la posesión de un carné que les facultara para el trabajo en un medio.
En definitiva, nacía una institución publicitaria y propagandista al servicio del Estado que trabajaría para la difusión de las bondades del gobierno, tarea que estaría regulada con la censura previa y que requería del recurso continuo a la manipulación de noticias, al ocultamiento de información. Sin duda alguna debemos reconocer la excelente profesionalidad de los periodistas en su compleja tarea de convertir los pésimos datos de la economía, la escasez de alimentos, la mala calidad de las comunicaciones y transportes, el estraperlo que no dejaba de crecer…, en noticias positivas. La censura previa y el Servicio de Prensa y Propaganda convirtieron a la comunicación de masas, en instrumento al servicio del Estado con el objetivo de mantener a la población en un escenario ficticio. La prensa corregida, mutilada, cercenada, se convertía así en desinformación como estrategia para logar la sumisión.
Junto a la prensa y sus funciones, encontramos las conductas desarrolladas por la Iglesia Católica y Falange Española. La Iglesia Católica adoptó una actitud de colaboración y silencio en esto que podríamos llamar represión ideológica48. La religión se utilizaba como instrumento para cubrir una operación cuyo principal objetivo era la justificación del régimen. Las órdenes religiosas y Acción Católica no sólo llevaban la palabra de Dios, sino la ideología social y política del Estado inculcando las consignas de disciplina, servicio, obediencia, sumisión, paciencia, resignación. La Iglesia era la encargada de la propagación de la virtud, castidad, para poner coto a los potenciales defectos y vicios de la población, reconquistar el hogar e implantar la pureza de ideales, pensamientos y costumbres que deseaba esta institución, una de las principales columnas del Régimen. Era el momento que tenía para vengarse del miedo que la persecución republicana le había ocasionado en aquellos duros días de mayo de 1931.
En cuanto al papel de Falange Española y específicamente el de Sección Femenina, fue el de aportar otro recurso al régimen para el control exhaustivo de la ya sumamente regulada sociedad española. Las jefaturas de Falange tenían una intervención decisiva en la represión mediante la tramitación de denuncias y avales, delaciones de las actividades supuestas o reales de los vecinos, consecuencia de las ansias de venganza y de justificación de su posición ante los poderes establecidos49. Las mujeres, sometidas por Sección Femenina a un conjunto de tareas relacionadas con su formación física, política y familiar, también se hallaban en el campo de acción de las estrategias para la reducción de los distintos grupos sociales al poder del Estado. En este sentido la actuación de las autoridades franquistas a través de estos instrumentos y de su legislación fue decisiva para el control de la familia y de las mujeres. Entre las leyes específicas destacaremos la Ley de protección de la natalidad y contra el aborto de enero de 1941 cuyo objetivo era aumentar el número de nacimientos para superar las pérdidas de guerra y castigar duramente a aquellos que practicaran el aborto, considerado a partir de estos momentos como un crimen contra el estado; Ley contra el adulterio y el infanticidio de 11 de mayo de 1942, y la Ley contra el divorcio de 26 de octubre de 1939, configuradas éstas últimas por categorías de “delitos contra la moral, escándalo y faltas a la moral”. En definitiva, recursos diversos de gran impacto, establecidos como instituciones al servicio del Estado y al cumplimiento eficaz de sus objetivos. Medios de comunicación, Falange y la Iglesia Católica desempeñaron funciones de gran relevancia en los procesos de manipulación y silenciamiento como partes necesarias en la consecución de la estrategia de sumisión.
5. Los resultados: el mantenimiento indefinido en el poder.
El conjunto de acciones concatenadas en materia de política interior, tuvo efectos diversos en los distintos ámbitos de la vida del Estado, entre los cuales destaca el hecho del mantenimiento en el poder de Franco y de los grupos de presión que le apoyaron. Los ciclos económicos, la oposición antifranquista de los años cincuenta y sesenta, la evolución de la sociedad…, no consiguieron desalojar al Caudillo de su Palacio de El Pardo. El gobierno republicano en el exilio tampoco tuvo capacidad para sustituirlo: la fragmentación interna, la dispersión de los núcleos de republicanos exiliados, la desaparición física de numerosos líderes, la carencia de apoyos con peso en los centros de poder internacional…, eran elementos que jugaban a favor de la estabilidad del gobierno franquista50.
El entorno internacional, en ocasiones hostil y rígido con el Régimen, no estaba facultado para retirar a Franco del poder. Más allá de la inviabilidad de la ingerencia en asuntos internos de un Estado soberano, estimamos que la actitud de las nuevas organizaciones mundiales sumada a la política exterior y las relaciones internacionales que el Régimen entabló, contribuyeron a la durabilidad del Régimen, entendidas éstas, como parte de la estrategia para la conservación indefinida de su victoria de 1939. Ciertamente la política interna no está separada de las directrices marcadas para el sector exterior, ámbito en el también que se proyectan los métodos y las finalidades de un Estado.
Desde el principio de la guerra civil los sublevados buscaron el alineamiento con potencias nazi-fascistas51. Pasados los años de guerra mundial y con la retirada de los embajadores de Madrid, Franco tiene que optar por una política exterior volcada hacia Iberoamérica y el mundo árabe, con ramificaciones menores hacia el estrechamiento de relaciones con países de gobiernos afines que tuvieron un papel relevante en la larga duración del Régimen.
Consideramos que el aislamiento internacional decretado por Naciones Unidas fundamentalmente perjudicó a medio y largo plazo a la población española. El gobierno franquista se disgustó profundamente por la condena de la nueva organización mundial, pero visto desde otra perspectiva, le sirvió para mantenerse en el poder, alejado como estaba de escenarios internacionales que pudieran provocar crisis, incertidumbres o contactos con las democracias, siempre molestas para una dictadura. Los acuerdos económicos, los culturales o los políticos apenas se circunscribirán a temas puntuales y a las elites en el poder como el Instituto de Cultura Hispánica y el “hispanismo” o los centros de estudios árabes, constituidos con escasos fondos y recursos humanos leales al Régimen52. Sus propósitos parecían no ir más allá, puesto que ni siquiera con estas áreas geográficas se plantearán políticas de colaboración efectivas. Franco no estará aislado, la sociedad será la cercada porque las restrictivas relaciones internacionales que las autoridades entablaron, quedarán circunscritas al aparato del Estado y servirán a sus propios intereses. Para la sociedad no habrá apertura, no habrá campañas en prensa para fomentar el conocimiento del exterior; lo extranjero seguirá siendo publicitado como algo extraño, ajeno a nuestra cultura, proclive a la perdición moral.
Los tiempos de enfrentamiento este-oeste favorecieron su continuidad en el poder. Conforme fue pasando el tiempo y el Telón de Acero se erguía con fuerza, España se convirtió en un lugar geoestratégico al que Estados Unidos decidió atender y aprovechar. Franco, para entonces, era un gobernante anacrónico en la Europa del Plan Marshall, a quien la democracia francesa y alemana consideraba vergonzante, alguien con quien no aparecer en público. Sin embargo, la realidad había demostrado que no representaba un peligro para la paz internacional; si perjudicaba a alguien era a los españoles y estos debían resolver sus problemas domésticos sin implicar al resto de los europeos.
Mientras tanto el Jefe de Estado español, que no viajaba al exterior, recibía en el Palacio de El Pardo a numerosos jefes de gobierno, monarcas y altas autoridades, atraídos algunos por la gran admiración que le profesaban y otros por la curiosidad de conocer a este personaje extemporáneo. Incluso hubo muchos, especialmente los gobernantes árabes, que llegaron a creer que Franco les serviría de mediador, de puente entre oriente y occidente, para acercar posiciones en temas económicos o políticos. Nada más lejos de sus posibilidades; él que no estaba ni en oriente ni en occidente difícilmente podría actuar como tarjeta de presentación ante los organismos internacionales pujantes en la época.
Entre los invitados al Palacio de El Pardo destacaremos, los procedentes de Iberoamérica como Eva Perón y los presidentes argentinos posteriores a Perón, el General Trujillo de la República Dominicana, el presidente del Brasil Kubitschek, Figueres Ferrer de Costa Rica o el General Alfredo Stroessner de Paraguay; de los gobernantes del mundo árabe señalaremos a Abdullah I de Jordania, Abdullah de Irak, El Sha de Persia y la Emperatriz Soraya, el rey Saud y Faisal de Arabia Saudita, Habib Bourguiba de Túnez y Sadam Hussein de Irak. Además de los numerosos militares y altas autoridades norteamericanas, vinieron como huéspedes de honor los presidentes Eisenhower, Nixon y Gerald Ford; llegaron a visitarle personajes tan exóticos como Akihito y esposa, príncipes herederos del Japón; Norodom Sihannouk, de Camboya; el Presidente de la República de Filipinas y Sra. De Macapagal, o Haile Salassie, emperador de Etiopía. Tampoco faltaron en sus audiencias el Mariscal Alejandro Papagos, de Grecia, los Príncipes de Mónaco, Rainiero y Grace y el príncipe Bertil de Suecia. Por último, como residentes habituales en España acogidos como refugiados de lujo por su carácter anticomunista y católico, señalaremos a Simeón de Bulgaria, Otto de Habsburgo y el Príncipe Nicolás de Rumania. Es decir, un elenco de personajes con distinto perfil y objetivos, de importancia menor en los escenarios internacionales pero portadores de apoyos para el Régimen. No podemos menospreciar el
impacto interno y externo que estas visitas tenían, especialmente hemos de valorar el efecto en el interior del país donde los medios de comunicación se encargaron de difundir la presencia de estos extranjeros, utilizados como recurso propagandístico para enfatizar el carácter providencial del triunfo de Franco y la magnificencia de su Régimen. Cada visita de jefe de estado legitimaba su poder, reforzaba la unidad de sus leales y contribuía a que la población se mantuviera en la percepción de que, al fin y al cabo, sus gobernantes no eran tan infames. Desde que los norteamericanos comenzaron a considerar la baza española e iniciaron sus visitas a territorio nacional, el interés por España se multiplicó, la agenda internacional de Franco quedó saturada y el Régimen definitivamente instalado en medio de un contexto internacional que en principio le obvió y que acudió en su busca cuando le necesitó, aceptando su existencia como un mal menor.
En consecuencia con todo ello, consideramos que la situación con la que se encontraron los dirigentes del bando vencedor en abril de 1939 requería, desde su punto de vista, de una suma de políticas que conformó una gran estrategia, un gran montaje para la ordenación de la sociedad. El objetivo principal era el control de las instituciones y del poder del Estado, objetivo que vieron cumplido satisfactoriamente con el gran éxito que supuso el final de la dictadura, es decir, la desaparición física de Franco por muerte natural y no como resultado de su deposición por fuerzas del interior o por amenazas del exterior.
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NOTAS
1 El proceso de institucionalización del Régimen, con especial énfasis en las políticas de restauración de los grupos de poder tradicionales, han sido estudiados en CAZORLA SÁNCHEZ, A., Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953). Madrid, Marcial Pons, 2000.
2 TRAVERSO E., La violenza nazista. Bolonia, Editorial Il Mulino, 2002. Asimismo, BURLEIGH, M. Y WIPPERMANN, W., Lo Stato razziale. Germania 1933-1945. Utopia e barbarie: la politica sociale del Terzo Reich. Roma, Rizzoli, 1992.
3 Existen numerosos ejemplos de hechos violentos, no cuantificados y apenas conocidos por una minoría que fueron testigos de estos hechos. Por señalar un caso, destacaremos el ocurrido en Pozo Fumeres (Asturias), donde fueron arrojados a un pozo y rematados con bombas de mano 22 obreros socialistas el 21 de marzo de 1948, a los nueve años de paz. PRESTON, P., La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX. Barcelona, Península, 1997.
4 Los estudios de historia comparada son muy necesarios en esta materia. Una propuesta para la comparación con la Francia de posguerra en TUSELL, J., “Los grandes procesos penales de la época de Franco. Desde la posguerra a Grimau y el proceso de Burgos” en MUÑOZ MACHADO, S. (ed.), Los grandes procesos de la historia de España. Barcelona, Crítica, 2002.
5 BAHAMONDE MAGRO, A., “La construcción de la dictadura” en Historia de España, Siglo XX (1939-1996), Madrid, 1999; ALMIRA PICAZO, C., ¡Viva España! El nacionalismo fundacional del régimen de Franco, 1939-1943. Granada, Comares Editorial, 1998.
6 YNFANTE, J., Los muy ricos. Las trescientas grandes fortunas de España. Barcelona, Grijalbo, 1998; BAENA DEL ALCÁZAR, M., Elites y conjuntos de poder en España (1939-1992). Un estudio cuantitativo sobre Parlamento, Gobierno y Administración y gran empresa. Madrid, Tecnos, 1999; SÁNCHEZ RECIO, G., Los cuadros políticos intermedios del régimen franquista, 1936-1959. Diversidad de origen e identidad de intereses. Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996.
7 LOFF, M., “El franquismo ante el Nuevo Orden Europeo (1938-1944): oportunidad histórica y adhesión voluntaria” en TUSELL, J. y otros, La política exterior de España en el siglo XX. Congreso Internacional. UNED, Madrid, 1997, pág. 235-252.
8 SAZ, I. y GÓMEZ RODA, A. (eds), El franquismo en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales en la postguerra. Valencia, Ed. Episteme, 1999.
9 ARÓSTEGUI, J., “Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia” en ARÓSTEGUI, J. (ed.), Violencia y política en España, Revista Ayer, nº 13, 1994. Madrid, Marcial Pons.
10 Una reflexión muy interesante es la de GONZÁLEZ CALLEJA, E., “Violencia política y represión en la España franquista” en MORENO FONSERET, R. y SEVILLANO CALERO, F. (eds), El Franquismo. Visiones y balances. Alicante, Universidad Alicante, 1999, pág. 124 y ss; MIR CUCÓ, C., “Violencia política, coacción legal y oposición interior” en SÁNCHEZ RECIO, G. (ed), El primer franquismo, 1936-1959, Revista Ayer, nº 33, 1999. Madrid, Marcial Pons; SEVILLANO CALERO, F., Exterminio. El terror con Franco. Madrid, Oberon, 2004. En el prólogo se interroga acerca de las motivaciones que condujeron a ciudadanos corrientes a ejercer la violencia de esa manera.
11 SÁNCHEZ RECIO, G., “Inmovilismo y adaptación política del régimen franquista” en MORENO FONSERET, R. y SEVILLANO CALERO, F. (eds.), El Franquismo..., op. cit., pág. 34-35.
12 ARÓSTEGUI, J., “Opresión y pseudo-juricidad. De nuevo sobre la naturaleza del franquismo” en Bulletín d´Histoire Contemporaine de l’Espagne (Imaginaires et symboliques dans l’Espagne du franquismo), nº 24 (1996), Talence, CNRS, pág. 31- 46.
13 MORALES RUIZ, J. J., La publicación de la Ley de Represión de la Masonería en la España de Posguerra. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1992.
14 SABIN RODRIGUEZ, J. M., Prisión y muerte en la España de posguerra. Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1996.
15 Ley de Seguridad del Estado 29/3/41. B.O.E.
16 DEL ÁGUILA J. J., El TOP. La represión de la libertad (1963-1977). Barcelona, Planeta, 2001; BASTIDA, F. J., Jueces y franquismo. El pensamiento político del Tribunal Supremo en la Dictadura. Barcelona, Ariel, 1986; RIVERO NOVAL, M. C., “La justicia militar en la Rioja durante el primer franquismo” en TUSELL J. y otros, El Régimen de Franco (1936-1975). Actas Congreso Internacional. UNED, Madrid, 1993, pág. 274.
17 CASANOVA, J. (coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. Barcelona, Crítica, 2002; VENTURA SOLÉ, J., Presó de Pilats, Tarragona, 1939-1941. Apunts sobre la repressió de la posguerra a les comarques tarragonines. Diputación de Tarragona, 1993; CLARA, J., “Girona sota el franquisme, 1939-1976”, Quaderns d’història de Girona. Ayuntamiento y Diputación de Gerona, 1991; AA.VV., Temps de postguerra. Estudis sobre les comarques gironines (1939-1955). Gerona, Centro de Estudios Históricos y Sociales de Gerona, 2000; BARRADO GRACIA, J., “Mujeres y derrota. La represión de la mujer en el Teruel de postguerra (1939) en Tiempos de silencio. Actas del IV encuentro de Investigadores del Franquismo. Valencia, 1999; NUÑEZ DIAZ-BALART, M. Y ROJAS FRIEND, A., Consejo de Guerra: los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-1945). Madrid, Compañía Literaria, 1997; BARRULL PELEGRÍ, J. y MIR CUCO, C. (coord.), “Violència política i ruptura social a Espanya, 1936-1945” en Espai/temps.Cuadernos del Departamento de Geografía e Historia, Universidad de Lérida, 1994; CENARRO, A., “Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia como base del “Nuevo Estado” en Revista Historia Social, nº 30, (1998), pág. 5-22; MIR CUCÓ, C., AGUSTÍ, C. y GELONCH J. (eds.), Violencia i repressió a Catalunya durant el franquismo. Balanç historiogràfic i perspectivas. Lleida, Universidad de Lérida, 2001; MORENO GOMEZ, F., Córdoba en la posguerra (la represión y la guerrilla, 1939- 1950). Córdoba, Francisco Baena (editor), 1987; EIROA SAN FRANCISCO, M., Viva Franco. Hambre, racionamiento y falangismo. Málaga, 1939-1942. Málaga, Aprisa, 1995; JULIÁ, S. (coord.), Victimas de la guerra civil. Madrid, Temas de Hoy, 1999; ORTIZ HERAS, M., Violencia política en la II República y el primer franquismo. Albacete, 1936-1950. Madrid, Ed Siglo XXI, 1996; GABARDA, V., Els afusellaments al País Valencià (1938-1956). Valencia, Alfons El Magnanim, 1993; CALZADO A. Y TORRES, R., Un silenci extens. El franquisme a la Ribera Baixa (1939-1962). Valencia, Diputación de Valencia, 1995; SOUTO BLANCO, Mª. J., La represión franquista en la provincia de Lugo (1936- 1940). La Coruña, Ediciones de Castro, 1998; SOLÉ SABATÉ, J.Mª., La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953. Barcelona, Edicions 62, 1987.
18 REIG TAPIA, A., Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu. Madrid, Alianza Editorial, 1999, pág. 104. Las cifras no son definitivas y su revisión, siempre necesaria, responde a la aparición de fuentes más esclarecedoras de lo ocurrido.
19 JULIÁ, S. (coord.), Víctimas de la..., op.cit. Un análisis complementario dirigido por este autor es, JULIÁ, S. (dir.), Violencia política en la España del siglo XX. Madrid ,Taurus, 2000.
20 NÚÑEZ DÍAZ-BALART, M., Los años del Terror. La estrategia de dominio y represión del General Franco. Madrid, La Esfera de los Libros, 2004; SERRANO, R. y SERRANO, D., Toda España era una cárcel: memoria de los presos del franquismo. Madrid, Aguilar, 2002; SEVILLANO CALERO, F., Exterminio..., op. cit.; VINYES, R., “Territoris de càstig (les presons franquistas, 1939-1959” en Notícia de la negra nit. Vides i veus a les presons franquistas (1939-1959). Barcelona, Diputación de Barcelona, 2001, pág. 43-61; SUAREZ, A. y
COLECTIVO 36, Libro blanco sobre las cárcelesfranquistas, 1939-1976. Ruedo Ibérico, 1976.
21 EIROA SAN FRANCISCO, M., “La represión, elemento central de la “Victoria” en EGIDO LEÓN, M. A. y NÚÑEZ DÍAZ-BALART, M. (eds.), El republicanismo español. Raíces históricas y perspectivas de futuro. Madrid, Biblioteca Nueva, 2001; SABIN RODRIGUEZ, J. M., Prisión y muerte en la España de posguerra..., op. cit..
22 FONSECA, C., Trece rosas rojas. Madrid, Temas de Hoy, 2004.
23 HERNÁNDEZ HOLGADO, F., Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas: de la República al franquismo, 1931-1941. Madrid, Marcial Pons, 2003; VINYES, R., Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas. Madrid, Temas de Hoy, 2002.
24 ESTÉVEZ, L., La vida es lucha. Madrid, A-Z Ediciones, 1993; CUEVAS, T., Cárcel de Mujeres, 1939-1945. Barcelona, Sirocco Books, 1985; ROMEU ALFARO, F., El silencio roto. Mujeres contra el franquismo. 1994; BARRANQUERO, E., EIROA M. y NAVARRO P., Mujer, cárcel, franquismo. La prisión provincial de Málaga (1937-1945). Málaga, Aprisa, 1994.
25 Decreto de 9/6/39. Libertad condicional. B.O.E.. BERDUGO CUESTA, M. y otros, “El Ministerio de Justicia en la España Nacional” en Justicia en Guerra..., op. cit., pág. 281-282.
26 Al final de 1939 el porcentaje de acogidos era sólo de un 4,56% y un 6,69 % en diciembre de 1940. La Memoria Anual de 1943 señala 44.925 presos acogidos a la Redención en el otoño de 1943, de los cuales eran mujeres 2170 y 540 militares profesionales. Boletín Oficial de la Dirección General de Prisiones, nº 54.
27 Decreto de 11/9/39. Mº de Justicia. Redención de Penas por el Trabajo. B.O.E
28 Preámbulo de Ley 8/9/39. Colonias Penitenciarias Militarizadas. B.O.E.
29 Se calcula la existencia de 68 destacamentos penales con 5.401 reclusos de toda España. Véase SUAREZ, A. y COLECTIVO 36, Libro blanco sobre..., op.cit., pág. 79; y SOLÉ SABATÉ, J.Mª., La repressió franquista..., op.cit., pág. 73.
30 LLARCH, J., Campos de concentración en la España de Franco. Barcelona, Producciones
Editoriales, 1978. El profesor REIG TAPIA, A., en su libro Franco “Caudillo”: mito y realidad, Madrid, Tecnos, 1996, cita un gran número de ellos; MOLINERO, C., SALA, M. y SOBRAQUÉS, J. (eds.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo. Barcelona, Crítica, 2003; RODRIGO, J., Los campos de concentración franquistas. Entre la historia y la memoria. Madrid, Siete Mares, 2003. Del mismo autor, Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947. Barcelona, Crítica, 2005; EGIDO LEÓN, M. Y EIROA SAN FRANCISCO, M., Los campos de concentración franquista en el contexto europeo”. Revista Ayer, nº 57, 2005. Madrid, Marcial Pons (1). Asimismo NÚÑEZ DÍAZ-BALART, M., en su libro Los años de terror…, op. cit., hace referencia a los campos de concentración, especialmente a uno habilitado para acoger a menores de edad. pág. 105-133.
31 MARTÍNEZ BAÑOS, F., Hasta su total aniquilación. El ejército contra el maquis en el Valle de Arán y en el Alto Aragón, 1944-1946. Madrid, Almena, 2002; MORENO GÓMEZ, F., La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla. Barcelona, Crítica, 2001; SÁNCHEZ AGUSTÍ, F., Maquis y Pirineos. La gran invasión (1944-1945). Lérida, Editorial Milenio, 2001; TRAPIELLO, A., La noche de los cuatro caminos. Una historia del maquis, Madrid, 1945. Madrid, Aguilar, 2001.
32 LAFUENTE, I., Tiempos de hambre. Viaje de España de posguerra. Madrid, Temas de Hoy, 1999; MIR, C., CORRETGÉ, F., FARRÉ, J. y SAGUES, J., Repressió económica i franquisme: L’actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la provincia de Lleida. Barcelona, Publicaciones de la Abadía de Montserrat, 1997; DUCH PLANA, M., “Supervivència i repressió a la posguerra: una perspectiva de gènere” en Tiempos de silencio. Actas del IV encuentro de Investigadores del Franquismo. Valencia, 1999.
33 La adjudicación de licencias para todo tipo de negocios fue muy habitual en el franquismo. Un ejemplo de los múltiples que fueron concedidas es el del Coronel finlandés Carl von Haartman para importación de papel. Esta licencia supuso su enriquecimiento personal puesto que el papel que utilizaban en la prensa del Movimiento procedía de este acuerdo de importación. El Coronel von Haartman luchó en el bando nacional de la guerra civil como instructor de una centuria de falange catalana de gran eficacia en la caída de Cataluña.
34 BARCIELA, C. (ed), Autarquía y mercado negro. El fracaso económico del primer franquismo,1939-1959. Madrid, Crítica, 2003; DEL ARCO BLANCO, M. A., Las alas del Ave Fénix. La política agraria del primer franquismo (1936-1959). Granada, Comares Editorial, 2005; RICHARDS, M., Tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945. Barcelona, Critica, 1999; GAVALDÀ, A., Jo delato, tu inculpes, ell denuncia… (Repressió franquista a Valls i comarca). Valls, Instituto de Estudios Vallencs, 1997; FABRA, M. A., El País Valencià (1939- 1959): autarquía i industrialització. Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2000.
35 BARCIELA LÓPEZ, C., “El mercado negro de productos agrarios en la posguerra, 1939-1953” en FONTANA, J. (ed.), España bajo el franquismo. Barcelona, Crítica, 1986, pág. 192-205.
36 CLARET, P., Las Leyes de Tasas y el delito vulgarmente llamado “de Estraperlo”. Alcalá de Henares, Talleres Penitenciarios, 1941; CLAVERA, J., “El estraperlo en los años cuarenta”, Información Comercial Española, 514 (1976), pág. 91-97; MARTÍ GÓMEZ, J., La España del estraperlo (1936-1952). Barcelona, Planeta, 1995; BARCIELA, C., “Franquismo y corrupción económica” en Revista Historia Social, nº 30 (1998), pág. 83-96.
37 Véase el magnífico estudio realizado sobre el tema en la provincia de Málaga, BARRANQUERO TEXEIRA, E. y PRIETO BORREGO, L., Así sobrevivimos al hambre: estrategias de supervivencia de las mujeres en la postguerra española. Málaga, Diputación de Málaga, 2003; BADILLO BAENA, R. M., RAMOS FERNÁNDEZ, A. y MANUEL PONTE, A., “La conjura de la miseria. La lucha de las mujeres contra el hambre en los barrios malagueños durante los primeros años de la posguerra” en Las mujeres y la Guerra Civil Española, Actas de Congreso sobre la Guerra Civil, Salamanca, 1991, pág. 317-321.
38 NÚÑEZ DÍAZ-BALART, M., Mujeres caídas. Prostitutas legales y clandestinas en el franquismo. Madrid, Oberon, 2003; AA.VV., La prostitución de las mujeres. Madrid, Fundación Solidaridad Democrática, Ministerio de Cultura-Instituto de la Mujer, 1988; ROURA A., Mujeres para después de una guerra. Informes sobre moralidad y prostitución en la posguerra española. Barcelona, Flor del Viento Ediciones, 1998.
39 Una síntesis muy completa e interesante en BARCIELA, C., LÓPEZ, Mª. I., MELGAREJO, J y MIRANDA, J. A., La España de Franco (1939-1975). Economía. Madrid, Síntesis, 2001.
40 MOLINERO, C. y YSÁS, Y., Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista. Madrid, Siglo XXI, 1998; EIROA SAN FRANCISCO, M., “Organización Sindical y Represión en el Primer Franquismo” en I Jornadas de Historia Económica de las Relaciones Laborales”. Sevilla, 1996, pág. 337-347; ECHEVERRÍA ZABALZA, J., La movilidad social en España (1940 – 1991), Madrid, 1999. BABIANO, J., “¿Un aparato fundamental para el control de la mano de obra. (Reconsideraciones sobre el Sindicato Vertical franquista)” en Revista Historia Social, nº 30, (1998), pág. 23-38.
41 Ley de 9/2/39 de Responsabilidades Políticas. B.O.E.. DIAZ LLANOS, R., Responsabilidades Políticas. Ley de 9/2/39. Comentarios, notas, disposiciones, formularios. Zaragoza, 1939; GIL BRACERO, R., “La Justicia Nacional y el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Granada. Las fuentes y primeras conclusiones” en Justicia en Guerra. Madrid, 1990, pág. 509-610; VILANOVA i VILA-ABADAL, F., Repressió política i coacció econòmica. Les responsabilitats polítiques de republicans i conservadors catalans a la postguerra (1939-1942). Barcelona, Publicaciones de la Abadía de Montserrat, 1999; ÁLVARO DUEÑAS, M., “El decoro de nuestro aire de familia, perfil político e ideológico de los presidentes del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas” en Revista de Estudios Políticos, nº 105 (1999), pág. 147-173.
42 Orden de 20/4/39 de Mº de Hacienda. Sanciones. Responsabilidades Políticas. Para el desbloqueo de cuentas y créditos debía instruirse una solicitud a la Comisión Provincial correspondiente. Orden circular de 30/5/39 de Vicepresidencia del Gobierno. La administración de los bienes se reguló por Orden de 27/6/39 de Vicepresidencia; el aseguramiento de éstos mediante Ley de 27/9/40 de Jefatura de Estado. La constitución de tribunales y juzgados se puso en marcha con la Orden de 2/6/39 de Vicepresidencia. B.O.E.
43 Ley de 19/2/42. Responsabilidades Políticas. Modificación a la Ley de 9/2/39. B.O.E.
44 GONZÁLEZ DURÓ, E., El miedo en la posguerra. Franco y la España derrotada: la política de exterminio. Madrid, Oberon, 2003.
45 ABELLA, R., La vida cotidiana bajo el Régimen de Franco. Madrid, Temas de Hoy, 1996; BAHAMONDE MAGRO, A., “Vivir y sobrevivir en la posguerra: La España rural de los años cuarenta”, en MENÉNDEZ PIDAL, R., Historia de España. El Siglo XX. Madrid, 2000.
46 CHULIA, E., El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de Franco ante la prensa y el periodismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001; SEVILLANO CALERO, F., Ecos de papel. La opinión de los españoles en la época de Franco. Madrid, Biblioteca Nueva, 2000; GRACIA GARCÍA J. y RUIZ CARNICER, M. A., La España de Franco (1939-1975), Cultura y vida cotidiana.
Madrid, Síntesis, 2001.
47 GUBERN, R., La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-1975). Barcelona, Ediciones Península, 1981.
48 BOTTI, A., Cielo y dinero. El nacional catolicismo en España (1881-1975). Madrid, Alianza
Universidad, 1992; CASANOVA, J., La Iglesia de Franco. Madrid, Temas de Hoy, 2001; ANDRÉSGALLEGO, J., ¿Fascismo o Estado católico?. Ideología, religión y censura en la España de Franco. 1937-1941. Madrid, Encuentro Ediciones, 1997; SÁNCHEZ RECIO, G., De las dos ciudades a la resurrección de España. Magisterio pastoral y pensamiento político de E. Pla y Deniel. Valladolid, Ámbito, 1995.
49 Sobre Falange existen un grupo importante de estudios, entre los que destacaremos: THOMÀS, J. M., La Falange de Franco. El proyecto fascista del Régimen. Barcelona, Plaza y Janés, 2001; RODRIGUEZ JIMÉNEZ, J. L., Historia de Falange Española de las JONS. Madrid, Alianza Editorial, 2000.
50 Sobre el exilio existen importantes estudios citados en PIEDRAFITA SALGADO, F., Bibliografía del exilio republicano español (1936-1975). Madrid, Fundación Universitaria Española, 2003. La revista editada por el CIERE Cuadernos Republicanos, recoge en sus números importantes aportaciones sobre el carácter y problemática del exilio español de 1939. Estudios importantes son igualmente los publicados por EGIDO LEÓN, M. A. y EIROA SAN FRANCISCO, M. (eds.), Los grandes olvidados. Los republicanos de izquierda en el exilio. Madrid, Ciere, 2004; YUSTE DE PAZ, M. A., La II República española en el exilio en los inicios de la Guerra Fría (1945-1951). Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005; ALONSO GARCÍA, M. R., Historia, Diplomacia y propaganda de las instituciones de la República española en el exilio (1945-1962). Madrid, Fundación Universitaria Española, 2004; CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, S., Historia política de la Segunda República en el exilio. Madrid Fundación Universitaria Española, 1997.
51 EIROA SAN FRANCISCO, M., “Urdiendo el tejido exterior para el Nuevo Estado: la política internacional del Primer Franquismo” en Historia y Comunicación Social. Facultad de Ciencias de la Información, UCM, Madrid, nº 6 (2002), pág. 203-214; GRUGEL, J. y REES, T., Franco’s Spain. Londres, James F. Mac.Millan (editor), 1997.
52 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, L., Imperio de papel. Acción cultural y política exterior durante el primer franquismo. Madrid, CSIC, 1992. Del mismo autor, Diplomacia franquista y política cultural hacia Iberoamerica, 1939-1953. Madrid, CSIC, 1988; PÉREZ MONFORT, R., Hispanismo y Falange. Los sueños imperiales de la derecha española. México FCE, 1992; DEL ARENAL, C. La política exterior de España hacia Iberoamérica. Madrid, Editorial Complutense, 1994; ALGORA WEBER, M. D., Las relaciones hispano-árabes durante el Régimen de Franco. La ruptura del aislamiento internacional, (1946-1950). Madrid, Mª Asuntos Exteriores, 1995; REIN, R., La salvación de una dictadura. Alianza Franco-Perón, 1946-1955. Madrid CSIC, 1995; PEREIRA, J.C. (coord.), La política exterior de España (1800-2003). Barcelona, Ariel, 2003.
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